LOS pasados 23 de octubre y 4 de noviembre de 2009, DEIA publicó sendas informaciones denunciando graves irregularidades por parte del Ayuntamiento de Barakaldo, que dirige el socialista Tontxu Rodríguez, en la gestión del Centro de Integración Socio-cultural y el centro de día de La Paz de la localidad fabril con pagos de más de 8 millones de euros pese a los informes técnicos adversos y el abono durante dos años de 790.818 euros a una empresa que no había empezado a prestar el servicio contratado en La Paz al no haberse abierto aún el centro. Aquellas informaciones provocaron la solicitud por el PNV de una investigación judicial de oficio y la exigencia del conjunto de la oposición del Ayuntamiento de Barakaldo de un pleno para intentar, aunque sin éxito, que Tontxu Rodríguez aclarara los pagos millonarios y las irregularidades en la gestión de los servicios sociales de la localidad. También fueron, sin embargo, el origen de una serie de demandas contra DEIA en un baldío intento de coartar e impedir su labor periodística y su compromiso informativo, en este caso con los vecinos de Barakaldo. Cuatro meses después, el informe emitido con fecha del 4 de marzo por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), con la unanimidad de todos sus miembros, sobre la gestión de ambos centros y a petición de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, enumera hasta quince deficiencias en incumplimientos contractuales y de los procedimientos legales previstos en el artículo 1.1 de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas que corroboran, punto por punto, aquellas informaciones, incluyendo que la adjudicación y explotación de La Paz "se realizó sin tener la disponibilidad del edificio ni la preceptiva autorización administrativa" y la constatación de los informes técnicos negativos hacia las adjudicaciones por incumplimientos de la ley de contrataciones públicas. El informe del TVCP, por tanto, no sólo supone una confirmación a la obligada y necesaria labor de control de las administraciones públicas que deben llevar a cabo los medios de comunicación, ni siquiera es únicamente la prueba de que las demandas interpuestas no tenían otro fin que el de la ocultación de las irregularidades ahora corroboradas, sino que debe servir para que, tal y como solicitó en su momento el PNV, la Justicia actúe de oficio al igual que ha hecho ante otros casos de presuntas ilegalidades mucho menos definidas y contrastadas. Y también para que la oposición política de la localidad fabril exija a quien aún hoy es alcalde las explicaciones y responsabilidades inherentes a una actuación irregular ya manifiesta que desvela otro incumplimiento, más grave aún, de contrato: el que Tontxu Rodríguez firmó en su día con la ciudadanía de Barakaldo.