LA solicitud por parte del Gobierno vasco que preside Patxi López de un crédito extraordinario de 600 millones de euros para hacer frente al gasto corriente, que fue autorizado ayer por el Ejecutivo, parece haberse colocado en el limbo de una irreal normalidad gestora a la sombra de las estentóreas declaraciones del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, al anunciar públicamente que no quedaba "ni un euro" en la caja del gobierno y achacar al gabinete anterior la falta de liquidez de la Comunidad Autónoma Vasca nueve meses después de que los socialistas accedieran a Lakua. Sin embargo, ese crédito, que Aguirre considera imprescindible para hacer frente a los gastos elementales de la administración, es el claro reflejo contable de una forma de gobernar que está precisamente en el origen de los problemas de liquidez y que se corresponde más con la imprudencia de las declaraciones del consejero que con la moderación exigible a quien ha asumido la responsabilidad de dirigir los destinos de un país en tiempo de crisis. No es de extrañar, por tanto, que la actitud del Gobierno se proyecte y el índice de confianza de los consumidores vascos haya descendido doce puntos en el primer trimestre del año respecto a los tres meses anteriores, tal y como refleja el estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro Vasco Navarras. O que las principales agencias de rating internacionales, como es el caso de Moody"s, revisen en sentido negativo las previsiones a futuro para la deuda pública vasca a pesar de que ésta sigue siendo la de mayor solvencia del Estado y una de las más estables del panorama internacional gracias a la lógicamente mermada pero aún sólida capacidad de recaudación de las diputaciones. El propio Aguirre, consciente de que es la segunda vez que comete el mismo e imperdonable error, se ha visto obligado a tratar de matizar sus irresponsables afirmaciones de la pasada semana para dejar entrever que sí hay dinero en la caja, aunque omita que si la tesorería ha menguado lo ha hecho especialmente por los intereses de los más de mil millones de euros de deuda pública emitida innecesariamente en los últimos meses del pasado año. Y aunque esgrima una incomprensible traba del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero en virtud a diferentes y enrevesadas interpretaciones jurídicas que se reducen a una diferencia de 147 millones de euros como justificación de la solicitud de un préstamo extraordinario de 600 millones. Ello, sin embargo, no exime al consejero de Economía y Hacienda de una doble deuda que ya ha contraído con la sociedad. Por un lado, la de reparar el perjuicio de imagen que ha causado a la economía vasca con su irreflexiva declaración y, por otro, la de explicar con claridad el verdadero estado de la tesorería del Gobierno vasco.