SON ya catorce los días que el Alakrana lleva secuestrado por piratas somalíes sin que hasta el momento se conozca en qué punto están las negociaciones para la liberación del barco y sus tripulantes. A medida que el tiempo transcurre, es lógico que para los familiares la peor noticia sea, precisamente, no tener ninguna noticia sobre cuándo va a terminar este calvario. Ha habido otros secuestros e intentos de secuestro de atuneros vascos sin que, hasta el momento y afortunadamente, se hayan producido desenlaces dramáticos. Cuando ha habido que pagar, se ha pagado. Y cuando ha habido que huir a toda máquina, y se ha podido hacer, todo ha quedado en el susto. En el caso del Alakrana se han producido variantes hasta ahora no conocidas, como el intenso debate político sobre la posibilidad de embarcar militares en los atuneros para protegerlos y, otra novedad más inquietante, la detención de dos presuntos piratas y su traslado a la Audiencia Nacional española. A nadie se le escapa que la resolución de este tipo de situaciones es compleja, máxime teniendo en cuenta que el rescate se negocia muy lejos de Somalia; no es esa demora la que debería preocupar demasiado a los familiares de los arrantzales, siempre que el barco esté en condiciones y tenga recursos para mantenerse a la espera el tiempo que se precise. Pero la detención y encarcelamiento de los dos presuntos piratas complica de forma imprevisible la situación, más aún cuando, al parecer, los secuestradores han añadido a su exigencia de 2,7 millones de euros para el rescate la liberación de los dos detenidos. Huelga decir que esta segunda exigencia es mucho más compleja de cumplir que la económica y es inevitable que los familiares de la tripulación retenida sientan una gran preocupación, no solamente por la posibilidad de que la liberación se retrase en exceso, sino también ante la posible reacción de los piratas en caso de que se incumpla esa parte del trato. La puesta en libertad de dos personas acusadas de graves delitos presenta graves dificultades jurídicas. El juez que determinara esa salida de prisión podría enfrentarse a una denuncia por prevaricación. El dilema está en dejar en evidencia a los militares españoles, que aseguran que los arrestados en aguas somalíes son parte del grupo de secuestradores, o situar a un magistrado al borde del delito. Todo ello como consecuencia de una gestión chapucera, que comienza por la actuación del Gobierno español, incapaz de garantizar la seguridad de los atuneros que faenan en el Índico; sigue con la torpeza del comandante de la fragata, que ordena la detención de dos sospechosos en pleno secuestro, y se remata con las ansias de notoriedad de un juez que, o no repara en las consecuencias de sus actos, o si lo hace demuestra poca sensibilidad hacia la seguridad de las personas secuestradas.