La defensa de Donald Trump ha pasado hoy al contraataque y ha pedido retirarle los cargos en dos de sus juicios, el de los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels y el de interferencia electoral.
Además, ha solicitado que se retrase el caso por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.
En tres actuaciones distintas, sus equipos defensores han introducido las mociones correspondientes ante los distintos juzgados que llevan los casos: en Florida, sus abogados alegan que la fecha de mayo de 2024 en que se ha fijado el juicio por los documentos de Mar-a-Lago es ahora "insostenible".
Y piden a la jueza Aileen Cannon que lo retrase como mínimo a mediados de noviembre de 2024, justo después de las elecciones, pero es dudoso que Cannon acepte, ya que rechazó una petición similar el pasado julio.
En el caso de la actriz Stormy Daniels -el pago irregular de 130.000 dólares a cambio de su silencio sobre una relación sexual-, el juicio está fijado para marzo de 2024 en Nueva York, pero ahora los abogados alegan que la forma en que se llevó a cabo la instrucción judicial "pone en cuestión la integridad del proceso de justicia penal" y además "interfiere con la campaña del candidato presidencial".
El expresidente Trump, argumentan sus letrados, no pudo haber pagado a su abogado personal para que él usara sus cuentas bancarias personales "para falsificar informes contables de la Organización Trump", y esto indica que se trata simplemente de "un paquete de cargos con motivación política".
Por último, y en el caso que se sigue en Washington por interferencia electoral, iniciado por el fiscal Jack Smith y previsto igualmente para marzo de 2024, los letrados arguyen que Trump está cubierto por la inmunidad presidencial porque aún ocupaba la Casa Blanca en el momento de los hechos,
Además, el Senado ya lo absolvió y por eso mismo no pueden volverlo a juzgar por aquellas conductas, según los argumentos.
En realidad, los movimientos de los abogados de Trump son un nuevo capítulo de otros que han llevado a cabo en el pasado y que parecen ser maniobras dilatorias para retrasar al máximo su presencia en los juzgados, en un año además especialmente complicado para Trump por su más que previsible candidatura presidencial.
