Los abogados del disidente argelino Mohamed Benhalima, de 32 años, presentaron el pasado 3 de agosto una denuncia ante Naciones Unidas contra España por ejecutar cinco meses antes su extradición a Argelia pese al riesgo de tortura, informó este martes a Efe su equipo de defensa Red Jurídica.

Los letrados consideran que su cliente ha sufrido tortura, maltrato y acoso sexual desde su encarcelamiento en Argelia en marzo, por lo que a su jucio España puede ser responsable de ello al aprobar su expulsión, consta en la denuncia ante el Comité Contra la Tortura.

La defensa considera que España permitió la extraditación, "por ceguera voluntaria o acto intencional", bajo un riesgo "cierto y creíble" de tortura y esto supone el incumplimiento de sus obligaciones recogidas en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que supervisa el Comité.

El joven, acusado de terrorismo y amenaza contra la seguridad nacional, se encuentra en aislamiento desde hace una semana -meses antes fue mantenido en las mismas condiciones durante 45 días- en la cárcel militar de Blida, a 50 kilómetros de la capital, aunque se desconocen los motivos de esta decisión.

"Como colaboró anteriormente bajo coacción en vídeos emitidos en la televisión (argelina) en los que hizo supuestas confesiones, quizá le pidieron volver a cooperar y él se negó pero no tenemos información al respecto", declaró a Efe Assia Guechoud, presidenta de la asociación de apoyo a Mohamed Abdellah -otro militante opositor deportado en 2021 por España- y que participa activamente en la causa de Benhalima.

Dos días después de su llegada a Argelia, Benhalima apareció en el primero de los siete vídeos realizados por la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y difundidos por una cadena de televisión en los que "confesaba" delitos de conspiración contra el Estado y vínculos con el movimiento islamista Rachad, clasificado por Argelia como grupo "terrorista".

Este antiguo cabo huyó a España en septiembre de 2019 cuando se dio a conocer una lista de militares buscados por participar en el movimiento del "Hirak", protestas populares contra el régimen militar que empujó a la dimisión del entonces presidente Abdelaziz Bouteflika.

Benhalima fue condenado en marzo "in absentia" a pena capital cuando se encontraba todavía en territorio español pero no fue informado de la sentencia hasta su extradición, por lo que Amnistía Internacional solicita su puesta en libertad y denuncia que las autoridades españolas no llevaron a cabo una "evaluación completa" de su solicitud de asilo.