EL pasado enero, las imágenes de los esqueletos vivientes de Madaya dieron la vuelta al mundo como el relato más cruel de una guerra que ha sumido a Siria en un caos de muerte y barbarie. A 40 km de Damasco y 11 de la frontera libanesa, esta ciudad montañosa padece de una forma brutal el cerco que han impuesto las tropas gubernamentales de Bashar al Asad y sus aliados chiíes de Hezbolá desde hace ocho meses. En enero, Médicos Sin Fronteras informó de la muerte de 16 personas por la falta de alimentos y medicinas -otras fuentes elevan la cifra a 28-; la semana pasada, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG opositora con base en Londres, reportó la muerte de otro menor de edad.

Naciones Unidas ha registrado 18 áreas sitiadas en Damasco y su cinturón agrícola, así como en las provincias de Idlib y Deir al Zur, en las que estima que viven 480.000 personas -otras 4,5 millones sobreviven en lo que denomina “áreas de difícil acceso”-. Hace tres semanas, la ONU comenzó un ofensiva humanitaria coordinada por un equipo de trabajo del que forma parte el Grupo Internacional de Apoyo a Siria, que ha entregado comida, agua, medicamentos y artículos de subsistencia básicos a 115.000 personas, un total de 236 camiones. “Por ejemplo, la gente de Muadamiya ha recibido varios convoyes, es un lugar que no obtuvo nada en el último año y medio”, señaló el jueves el presidente del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, Jan Egeland. La intención de la ONU es completar esta semana el envío de ayuda humanitaria a diez de las dieciocho zonas asediadas. Hasta la fecha, los convoyes han entrado y entregado ayuda a Fuah y Kafraya -ciudades chiíes de la provincia de Idlib cercadas por el Frente al Nusra, filial de Al Qaeda-, así como a Madaya, Al Zabadani y Muadamiya al Sham.

Esta forma de castigo colectivo comenzó a aplicarse en 2012 como una táctica de guerra más dentro de la macabra evolución del conflicto bélico y algunas ciudades, como Muadamiya al Sham, lo padecen desde entonces. En un informe reciente, la ONG holandesa PAX y la estadounidense Syrian Institute elevan la cifra a un millón las personas directamente afectadas por este estado de sitio.

Características comunes La zona de Damasco y su periferia está controlada por decenas de puestos militares del Gobierno y de sus aliados de Hezbolá; en Idlib, por su parte, las localidades Fuah y Kefraya, de mayoría chií, están sitiadas por el Frente al Nusra, filial de Al Qaeda, mientras que unas 200.000 personas viven acorraladas por el Estado Islámico en la ciudad de Deir al Zur, en el noreste de Siria y único lugar donde los responsables humanitarios no pueden entrar por rutas terrestres negociadas.

El documento hace un exhaustivo análisis de las características que comparten estos brutales cercos. En primer lugar, la población civil de estas zonas lucha por sobrevivir, por lo general, sin electricidad y agua corriente. Se limita, asimismo, el acceso de alimentos, combustible y recursos médicos. Como consecuencia, en muchas de estas áreas, los civiles han muerto por desnutrición, falta de atención médica, por hipotermia debido a la falta de calefacción en invierno o por envenenamiento después de comer algo tóxico en la recolección de alimentos -en Madaya ha habido casos de intoxicación por ingerir hierbas-. Las malas condiciones de saneamiento también han dado lugar a frecuentes brotes de enfermedades infecciosas.

Otra de las características en común es el colapso de sus economías, reemplazadas por lo que las ONG denominan “economías de asedio”, es decir, contrabando y producción local, en las que prima la volatilidad de los precios. Un kilo de arroz puede llegar a costar 100 euros, por ejemplo. Los niveles de desempleo son especialmente altos y en los peores casos alcanzan el 100%. Es el caso de Jobar, enclave perteneciente al distrito de Ghuta, al este de la capital siria y escenario de un ataque químico que en agosto de 2013 dejó 1.400 muertos. A pesar de la precaria situación económica, muchos invierten sus únicos ahorros en pagar sobornos “extremadamente altos” a las fuerzas gubernamentales o contrabandistas para escapar de las zonas sitiadas.

Tanto el Gobierno sirio como los extremistas compiten por reclutar a hombres y niños en estas comunidades sitiadas a través de amenazas, el chantaje, el miedo, la propaganda y el adoctrinamiento. “El alto desempleo, la falta de acceso a la educación y los sentimientos de desesperanza hacen a estas personas vulnerables a las tácticas de reclutamiento”, advierten las ONG en el informe.

En la guerra siria, que el próximo 15 de marzo cumple cinco años, la violación del derecho internacional humanitario es generalizado. Crímenes de guerra como el férreo cerco impuesto a ciudades enteras, condenando a sus ciudadanos a una muerte lenta, o el ataque deliberado a hospitales y escuelas es parte del día a día que padecen millones de sirios.

El pasado jueves, Amnistía Internacional acusó a la aviación rusa y la siria de atacar “deliberada y sistemáticamente” hospitales en los últimos tres meses para allanar el camino a las fuerzas sobre el terreno y avanzar por el norte de la provincia septentrional de Alepo. La organización de derechos humanos internacional ha recopilado “pruebas convincentes” de al menos seis ataques intencionados a hospitales, instalaciones médicas y clínicas en el norte de Alepo en las últimas doce semanas, donde al menos tres civiles, incluido un trabajador sanitario, perecieron y otras 44 personas resultaron heridas.

Para elaborar este informe, AI habló con empleados de seis centros sanitarios y de varias organizaciones humanitarias en Turquía y Siria. Algunos de ellos, originarios de las poblaciones de Andan y Hreitan, en el noroeste de Alepo, afirmaron que la estrategia del Gobierno sirio es “vaciar” localidades enteras de sus residentes teniendo como blanco hospitales y otras infraestructuras para facilitar el progreso de sus tropas. Un médico de Andan aseguró que “los hospitales, el agua y la electricidad son lo primero que es atacado. Una vez que esto ocurre, la gente no tiene servicios para sobrevivir”. En lo que va de año, se han registrado 17 ataques a hospitales en todo el país.