El histórico apagón eléctrico que sacudió el Estado el pasado 28 de abril no solo dejó sin luz a millones de hogares y empresas, sino que también provocó un caos generalizado en la vida urbana, incluyendo el tráfico.
La falta de suministro eléctrico afectó semáforos, túneles y servicios básicos, lo que llevó a muchos conductores a preguntarse si, durante esas horas de oscuridad tecnológica, los radares de velocidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) continuaron operando.
Un apagón sin precedentes
El apagón comenzó a las 12:33 horas. En algunas localidades, el servicio eléctrico no se restableció hasta bien entrada la madrugada del día siguiente. Fue una situación inédita que alteró profundamente la rutina cotidiana y puso a prueba la resiliencia de infraestructuras públicas y privadas. En las calles, los semáforos dejaron de funcionar y los conductores se vieron obligados a improvisar, en muchos casos actuando con responsabilidad para evitar accidentes en los cruces sin regulación.
¿Qué pasó con los radares de velocidad?
Entre la confusión, surgió una duda lógica: si no había electricidad, ¿seguían funcionando los radares de velocidad? Muchos pensaron que no, lo que generó cierta laxitud al volante. No obstante, la Dirección General de Tráfico ha aclarado que, aunque algunos dispositivos quedaron fuera de servicio, muchos otros siguieron plenamente operativos gracias a su tecnología autónoma.
Los radares fijos tradicionales, así como aquellos integrados en semáforos, efectivamente se vieron afectados por la falta de corriente. Sin embargo, desde hace más de un año, la DGT ha desplegado en diferentes puntos del país nueva generación de radares conocidos como radares blindados, que están diseñados precisamente para operar en condiciones adversas.
Alta tecnología sin cables
Estos radares no requieren estar conectados a la red eléctrica para funcionar. Se alimentan a través de paneles solares, lo que les permite continuar operando incluso durante un apagón. Además, están equipados con sistemas de transmisión de datos vía GPS y conexión wifi, lo que les facilita enviar las sanciones directamente a los centros de procesamiento de la DGT en tiempo real.
El nombre de “blindados” no es casual. Están protegidos por estructuras de acero y cristales reforzados, diseñados para resistir actos vandálicos, una amenaza creciente en los últimos años. Su autonomía y resistencia los convierten en una herramienta clave para el control del tráfico en situaciones críticas como la vivida durante el apagón.
¿Cuándo llegarán las multas?
A pesar de que algunos radares quedaron inactivos, la DGT ya ha advertido que muchos conductores podrían recibir en los próximos días una notificación en sus domicilios por infracciones cometidas durante el apagón. El plazo habitual de recepción de estas sanciones oscila entre una y tres semanas. Una vez recibida la multa, el infractor dispone de 20 días naturales para pagar con un 50% de descuento o presentar una alegación.
La sorpresa será amarga para quienes pensaron que podían exceder los límites sin consecuencias, confiando en un supuesto apagón total de la vigilancia vial. La DGT ha sido clara: la vigilancia no se detiene, y menos aún con la incorporación de sistemas inteligentes autosuficientes.
¿Cómo recurrir una multa de tráfico?
Para aquellos conductores que reciban una sanción y consideren que ha sido impuesta de forma errónea o injusta, la DGT ofrece varias vías para recurrirla. El procedimiento es sencillo y puede realizarse de las siguientes formas:
- Por internet: A través de la sede electrónica de la DGT, siempre que se disponga de certificado digital o Cl@ve.
- Por correo postal: Enviando la alegación a la Jefatura Provincial de Tráfico o al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.
- Presencialmente: Acudiendo a cualquier Oficina de Tráfico con la documentación correspondiente.
En la alegación deben incluirse los datos personales del infractor, una copia de la notificación recibida, y los motivos por los cuales se considera improcedente la multa. Si se acepta el recurso, la sanción será anulada; en caso contrario, se puede seguir reclamando mediante recursos administrativos adicionales o acudiendo a la vía judicial.
