madrid. La sospecha de que las autoridades españolas ocultaron nombres de deportistas destacados entre los clientes del médico Eufemiano Fuentes planeó ayer sobre el juicio de la operación Puerto.
El letrado Ignacio Arroyo preguntó directamente al agente instructor de la Guardia Civil que dirigió la famosa redada antidoping en mayo de 2006 si había "cribado" nombres junto al entonces máximo responsable del deporte español, Jaime Lissavetzky.
"¿Me está acusando de algo?", respondió molesto el testigo, que sí había admitido anteriormente que había hablado con el jefe del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre el informe que elaboró tras desmantelar la red de Eufemiano Fuentes.
"¿Hicieron un cribado de deportistas?", repreguntó el abogado de Manolo Saiz, ex director deportivo del equipo ciclista Liberty Seguros, que sospecha que la operación fue circunscrita al ciclismo, y más concretamente a su escuadra, con el objeto de lograr un éxito político en la lucha contra el doping.
El agente admitió que tras la redada en la que se incautaron de unas 200 bolsas de sangre, productos dopantes y numerosos documentos, elaboró un informe y lo remitió a las autoridades deportivas gubernamentales antes de ponerlo a disposición del juzgado instructor del caso.
La operación Puerto se llevó a cabo a finales de mayo de 2006, pocos días antes del inicio del Tour. La carrera apremió al CSD, entonces dirigido por el socialista Lissavetzky, para que revelara corredores implicados. Numerosos ciclistas fueron apartados de aquella carrera poco antes de empezar por su relación con el caso. Hasta 50 corredores cayeron posteriormente bajo sospecha de doping, pero pocos fueron sancionados, ya que la Justicia española se negó a facilitar las pruebas recabadas para imponer penas deportivas. Esa decisión le granjeó a España fuertes críticas desde el exterior, donde a menudo se denunció el intento del gobierno de ocultar datos.
