Búsqueda incansable en el vertedero de Zaldibar

30.06.2020 | 00:32
La búsqueda de los cuerpos de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, los dos trabajadores desaparecidos tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar, no se ha detenido.

Han pasado más de cuatro meses desde que una gigantesca lengua de más de medio millón de metros cúbicos de residuos y tierra sepultó a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, abriendo el debate de su gestión en Euskadi

Han pasado más de cuatro meses desde que aquel fatídico 6 de febrero, una descomunal avalancha de residuos y tierra sepultó a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, dos trabajadores del vertedero de Zaldibar que se vino abajo. Desde entonces, las labores de búsqueda para localizar sus cuerpos no se han detenido en ningún momento, salvo por motivos de seguridad, ni siquiera con el estado de alarma en vigor, las actividades paralizadas por orden gubernamental y la movilidad restringida. El accidente, además, ha abierto en vísperas de las elecciones del 12 de julio el debate sobre la gestión de residuos en Euskadi, reduciendo la cantidad de basura que se llegan a los vertederos.

El accidente de Zaldibar ha llevado además al centro del debate dos cuestiones clave: la gestión de los residuos y el control de los materiales que llegan a los vertederos. Aunque en Euskadi solo el 27% de la basura se vierte en estas infraestructuras –muy por debajo del 50% de media en el Estado, el 74% de Asturias o el 69% de Andalucía–, es un hecho que siguen siendo demasiados los residuos que no se reciclan. Uno de los problemas es que a día de hoy sigue siendo más caro reciclar que verter: por los 38 euros de tasa que cobra el vertedero alavés de Gardelegi por cada tonelada de residuos, en el colapsado de Zaldibar se pagaban 16. La sociedad vasca, asentada en la industria, genera 6,3 millones de toneladas de residuos al año: el 60% son de origen industrial, el 21% de construcción, y 19% urbanos. Los residuos industriales peligrosos suman más de 320.000 toneladas y los no peligrosos, 3,5 millones.

Más de una veintena de máquinas y un centenar largo de profesionales siguen trabajando a diario para cerrar las heridas provocadas por el peor desastre medioambiental que ha conocido Euskadi. Más de medio millón de metros cúbicos de residuos y tierra se precipitaron ladera abajo aquel día, un avalancha de más de 300 metros de largo y más de 150 de ancho que no solo sepultó a Joaquín y Alberto, sino que engulló también los cuatro carriles de la A-8 e hizo saltar la alarma en los municipios colindantes al detectarse en el aire furanos y dioxinas como consecuencia de los incendios que se produjeron en el vertedero tras el derrumbe. Un equipo multidisciplinar compuesto por palistas, ertzainas, camioneros, topógrafos, geólogos, gruistas, ingenieros y bomberos mantienen un pulso diario con el alud de residuos, cribando los restos a mano en busca de cualquier pista que permita localizar sus cuerpos. Ya se han rastreado más de 166.000 metros cúbicos de material; incluso durante el estado de alarma, la búsqueda fue considerada prioritaria por el Gobierno vasco, que no ha cejado –salvo por motivos de seguridad como la inestabilidad de la ladera y la presencia de amianto los primeros días– en su empeño en localizar a los trabajadores. El lehendakari anunciaba hace unos días que se está a punto de entrar a trabajar en el foco principal del vertedero, donde se piensa que podrían estar los dos desaparecidos.

El Ejecutivo de Urkullu ha actuado de forma urgente y subsidiaria, ante la incapacidad de la empresa Verter Recycling 2000, estabilizando el vertedero para minimizar el riesgo para el entorno y el medio ambiente, y posibilitar la búsqueda de los trabajadores con seguridad. Pese a que las familias han pedido acelerar el ritmo de las labores de búsqueda, la seguridad del operativo ha sido una prioridad durante todos estos meses. De hecho, ya se han remitido a la propietaria del vertedero las primeras facturas por valor de 3,4 millones de euros. Además, este mes de julio se conocerán los resultados de la auditoría externa a una consultora británica especializada para establecer el grado de cumplimiento y control de las condiciones de la autorización del vertedero por parte de Verter Recycling. El Gobierno vasco ha emprendido también acciones legales para esclarecer lo sucedido y las primeras conclusiones de la Ertzaintza apuntan indicios de criminalidad en el sumario abierto en los juzgados de Durango.

Nuevo canon "Desde el primer momento, la prioridad ha sido encontrar los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán", recuerda la burukide y número 2 por Gipuzkoa del PNV, María Eugenia Arrizabalaga. "El Gobierno vasco ha puesto a trabajar sin descanso, y desde el primer momento, muchos recursos en su búsqueda". Arrizabalaga, quien arremete contra quienes "han tomado las desgracias como excusa para el carroñerismo político", reconoce que lo sucedido ha puesto al descubierto el problema que suponen los residuos industriales. Ante ello, plantean reducir al máximo la generación de residuos y su reciclaje, un centro de gestión pública para el almacenamiento y valorización de residuos industriales no peligrosos y un nuevo canon de vertido de residuos industriales.

Muy críticos con el derrumbe, desde EH Bildu consideran que este "ha evidenciado las carencias del sistema, en el que hay empresas privadas, controladas por el Gobierno vasco, pero que están haciendo negocio con los residuos, priorizándolo sobre las condiciones laborales, sociosanitarias y medioambientales". Por ello, apuestan por una gestión pública directa de estas infraestructuras, ya que "el control público ha quedado demostrado que es insuficiente".

También desde el PSE abogan por que el depósito en vertedero sea la última opción. "No puede ser que sea la primera porque es más barato", destaca su secretario de Organización, Miguel Ángel Morales. "Las empresas tienen que interiorizar que la gestión de sus residuos forma parte del coste de producción y actuar en consecuencia".

Los socialistas apuestan por una gobernanza conjunta de los tres territorios, con una Ley de Residuos común, y políticas que permitan la reintroducción de residuos como materia prima.

Tras calificar de "vertedero low cost" el de Zaldibar, para Elkarrekin Podemos es imprescindible alcanzar el 80% de recogida selectiva de residuos urbanos, establecer tasas por vertido e incineración, y un mayor control sobre los tóxicos y peligrosos. La coalición PP-Ciudadanos incide en la necesidad de conciliar el desarrollo económico y el medio ambiente, con una revisión de todos los depósitos de residuos peligrosos y una nueva Ley de Medio Ambiente del País Vasco.

Quince vertederos. En Euskadi están autorizados 15 vertederos: uno en Araba, de titularidad pública; tres en Gipuzkoa, dos de ellos públicos aunque uno de Mutiloa cerró en primavera, y once en Bizkaia, dos públicos y el resto privados.

Valorización energética. Según los datos recogidos por el Centro Internacional de Tecnología Ambiental de la ONU, un tratamiento finalista como la valorización energética es capaz de reducir el volumen de residuos que terminan su ciclo de vida en vertederos en hasta un 90%. Según la misma entidad, las regiones más avanzadas del mundo tratan con esta tecnología hasta una tercera parte de sus residuos.