La Iglesia católica no es un actor marginal en la sociedad occidental y, por tanto, el carácter laico de los modelos de estado no la exime de responsabilidad por su influencia histórica. Ha sido constructora de una civilización ética, jurídica y social y eso no desmerece ni la debida aconfesionalidad de los modelos democráticos ni el respeto a la divergencia. Universidades, hospitales y derecho canónico moldearon nociones como el debido proceso y la limitación del poder absoluto: su legado es estructural. Hoy, ese papel persiste en los debates éticos contemporáneos. El rechazo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al concepto de “prioridad nacional” –expresado por su portavoz, César García Magán– no es mera doctrina cristiana, sino un mandato ético colectivo. Reivindica la dignidad humana universal, el bien común y el respeto más allá de fronteras, partidos o credos, contra eslóganes que polarizan y excluyen. Millones de fieles católicos integran ese mensaje en el tejido social, político y económico del Estado y de Euskalherria. Ahí debe enmarcarse la exigencia de un liderazgo ético tanto en sus comunidades como en su proyección pública, para una sociedad plural que espera coherencia. En la inmigración, la CEE defiende la hospitalidad como responsabilidad política, ética y social, rechazando la xenofobia que reduce al otro a amenaza. Es el mismo estándar que se reclama aplicar a los abusos sexuales, drama que no puede confinarse a lo eclesial. Las 262 oficinas diocesanas registraron en 2025 otras 93 denuncias, sumando 1.131 casos y 1.000 agresores en cinco años. La dimensión de su capacidad de influir en la conformación de criterios compartidos en la sociedad es no solo cualitativa sino cuantitativa, como acredita el hecho de que en el último año la Iglesia española ha formado a 465.000 personas en prevención, una tarea que trasciende el ámbito religioso e impacta en escuelas, familias y comunidades laicas. Pero apelar al liderazgo ejemplarizante no basta como coartada social. La violencia sexual no se limita a las sacristías, del mismo modo que el discurso de la desigualdad por razón de género, raza u origen no nace únicamente en los púlpitos. Exigir responsabilidad a la Iglesia convoca a toda la sociedad civil a asumir obligaciones compartidas. Una catarsis falsa que proyecte fallos en otros sería hipocresía colectiva. La ética que se le reclama es universal.