Los Gobiernos Vasco y Navarro vienen demostrando en su bilateralidad y en la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra que es posible una relación basada en la normalidad institucional, la lealtad mutua y una visión compartida de país, entendida desde la referencia amplia de Euskal Herria. El relevo en la presidencia, de María Chivite a Imanol Pradales, se ha acompasado con un discurso coincidente: cooperación transfronteriza, cohesión social y aprovechamiento conjunto de las oportunidades de la transición energética y digital. Coincidió ayer el traspaso de makila con la presentación de la inversión de Hithium en Nafarroa, proyecto por el que competían ambos gobiernos. El proyecto se materializa en la Comunidad Foral, pero tanto la presidenta como el lehendakari han subrayado que generará sinergias positivas para el conjunto del tejido productivo de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, desde los centros tecnológicos hasta la industria auxiliar. “Lo que es bueno para Navarra es bueno para nuestro país”, ha remarcado Pradales, expresando una concepción de país que trasciende los límites administrativos establecidos. En este contexto, la propuesta de UPN de suprimir la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución introduce una pretensión de ruptura que no se corresponde con la madurez institucional alcanzada. Dicha disposición no impone ningún proyecto político, sino que reconoce a la ciudadanía navarra la facultad de decidir en el futuro si desea o no articular instituciones comunes con el resto de territorios forales. Plantear su eliminación equivale a restringir preventivamente la capacidad de decisión democrática de las y los navarros. La senda que marcaron ayer los ejecutivos de Nafarroa y de la CAPV se basa en el respeto escrupuloso a las voluntades de toda esa ciudadanía, en la cooperación leal y en la construcción de espacios compartidos allí donde existan intereses convergentes. Desde esta perspectiva, la mejor política de país consiste en reforzar los instrumentos de colaboración –como la Eurorregión, la expectativa de una macrorregión europea o proyectos industriales estratégicos– y preservar las garantías que permiten a la ciudadanía, llegado el caso, decidir libremente sobre el grado de integración institucional que desea, sin renuncias identitarias.
