El de los incendios en verano es un problema más que serio, poliédrico y de dimensión global, aunque en el caso del sur de Europa en particular adquiere este año una dimensión más grave. La sucesión de fuegos y su coincidencia no está necesariamente vinculada en su origen a la ola de calor, aunque es evidente que las condiciones meteorológicas facilitan su extensión. Hay varios debates asociados al fenómeno y no es el menor de ellos el de la disponibilidad de recursos para combatirlo. Todos los servicios públicos establecidos en los niveles de responsabilidad estatal, autonómica o territorial se quedan cortos cuando la virulencia de los incendios alcanza cotas como las registradas en las últimas semanas, con focos simultáneos en diversas autonomías. Desde Cádiz a Nafarroa, pasando por Madrid, Galicia o Catalunya, prácticamente ninguna se ha librado en la última semana de los 37 focos registrados. La coordinación de medios es imprescindible pero no sirve, por sí sola, más que como paliativo. Lo que nos lleva a enfocar el debate a los orígenes y a liberarlo, en la medida de lo posible, de posicionamientos interesados o ideológicos. Hay un primer esfuerzo de responsabilidad sobre el que hay que incidir. Responsabilidad colectiva en la actividad de ocio y en la laboral. Las alertas han sido respondidas en no pocas ocasiones con críticas por las prohibiciones que acarrean. Pero los accidentes ocurren y su prevención comienza asumiendo que el interés particular está sometido a la obligación de evitarlos. No basta tampoco con una actuación sancionadora o coercitiva a posteriori. La prevención no es solo un ejercicio de vigilancia sino de asunción en primera persona de la obligación de preservar los espacios naturales. Hay vidas, propiedades y un costosísimo impacto ambiental en juego. La intencionalidad también está presente en el origen de no pocos de los más graves incendios de los últimos años. Tanto por interés económico como por mero efecto imitador. Los dos fenómenos se dan y los dos conllevan una responsabilidad penal que debe aplicarse en nombre del bienestar y la seguridad colectivas. Pero debe intensificarse la sanción social de la frivolización y de la búsqueda irresponsable de beneficio. Reducir el impacto del fenómeno a aquellos verdaderamente accidentales de origen natural sería un gran paso.