Mediante una carta, Pedro Sánchez comunicó ayer al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, la negativa de su Gobierno a dedicar el equivalente al 5% del PIB del Estado a gasto en Defensa y Seguridad, que es una demanda realizada por el propio Rutte a los socios de la OTAN. La seguridad y defensa europea es un viejo elefante en medio de la habitación, en tanto durante décadas ha sido puesta en manos de la capacidad disuasoria de Estados Unidos. Un sistema autónomo permitiría no solo independizar al viejo continente del paraguas militar diseñado al otro lado del Atlántico, sino de una estrategia en la que los intereses geoestratégicos a ambos lados del océano se demuestran cada vez menos coincidentes. Europa no es hoy una prioridad para la administración estadounidense, que prioriza sin disimulo a Asia y el Pacífico por sus intereses económicos. La exigencia de Washington de un mayor gasto militar europeo cifrado en ese 5% se vuelve mercancía defectuosa si tenemos en cuenta que su objetivo es transferir esa inversión al sector armamentístico estadounidense. En ese marco, el argumentario contenido en la carta de Sánchez merece una revisión pausada. Para empezar, el conjunto suena razonable. La apelación al gasto resulta improvisada si no es fruto del diagnóstico compartido entre los socios de la Alianza, que redunda en el programa de prioridades a cuatro años vista que se ha venido fijando por consenso. En segundo lugar, el objetivo de una autonomía en la defensa europea pasa por el desarrollo tecnológico e industrial igualmente autónomo. No se reduce a comprar esa tecnología y depender de su proveedor. En tanto no se acompañen de programas en los que los recursos necesarios no permitan desarrollar ese marco, el mero gasto militar acabaría suplantándolo. Sánchez introduce la prioridad del flanco sur europeo, cuya estabilidad no es un ejercicio de mera militarización y requiere cooperación al desarrollo e inversión en inteligencia. El flanco más débil es la previsión automática de pérdida del modelo de bienestar por las inversiones, en tanto la obtención de recursos tiene mecanismos fiscales y racionalización del gasto que no necesariamente conducen a la ecuación de déficit o desvío de fondos. Pero la demanda de una más profunda planificación es oportuna y no desmerece el compromiso con la necesaria implicación en la seguridad colectiva.
