El 2024 que está a punto de terminar pasará a la historia como el año en el que la crisis humanitaria en el Estado derivada de la migración, en especial la llegada por la denominada ruta canaria, se ha disparado. Son miles las personas –menores y bebés incluidos– procedentes del África subsahariana y Marruecos las que arriban todos los meses a las costas del archipiélago a bordo de precarios cayucos. Centenares de ellas mueren ahogadas, hasta el punto de que esta ruta canaria es la más letal y peligrosa del mundo en el tránsito de migrantes. Esta situación ha saturado el sistema de acogida de las islas, especialmente en lo relativo a los menores no acompañados o sin referentes familiares –cuyo número actualmente supera los 5.400–, que se ha extendido a otras comunidades, con especial incidencia en la CAPV, donde la llegada masiva de estos jóvenes también ha tensionado de manera extraordinaria sus recursos asistenciales. Pese a la gravedad y urgencia de la situación, la confrontación política en el Estado está impidiendo un acuerdo que aborde de manera integral, humana y legal esta crisis. La reciente negativa del PP a una reforma de la Ley de Extranjería para permitir que se derive a estos menores a otras comunidades de forma obligatoria ha vuelto a bloquear cualquier solución. La Conferencia de Presidentes celebrada ayer en Santander ha sido, en palabras del presidente canario, Fernando Clavijo, una “oportunidad perdida”, nuevamente a causa de la política de confrontación permanente entre PSOE y PP. La propuesta conjunta lanzada en este foro por Clavijo y el lehendakari, Imanol Pradales –que representan la “frontera sur” y la “frontera norte” de esta migración– tras haberla acordado durante semanas, supone afrontar la realidad mediante una distribución extraordinaria y urgente de los menores que sea equilibrada, coordinada, ordenada y justa mientras se resuelve la necesaria reforma de la Ley de Extranjería. Solo con un acuerdo de este tipo, que suponga el abandono de la política de confrontación estéril y comprometa a todas las comunidades mediante una distribución de estas personas en tránsito basada en indicadores objetivos y con un sistema de dotación de recursos adecuada, puede derivar en una acogida, asistencia y formación dignas para estas personas y para la sociedad en su conjunto.