Cuando se acaban de cumplir once años de la tragedia ferroviaria de Angrois en la que un Alvia descarriló cuando circulaba a 191 kilómetros por hora en una curva en la que debía ir a 80, a resultas de lo cual fallecieron 79 personas y otras 143 resultaron heridas, la sentencia del caso dictada el pasado viernes acredita graves errores tanto por parte del maquinista del tren como del exdirector de Seguridad de Adif, a quienes condena a dos años y medio de prisión cada uno. Al mismo tiempo, el fallo demuestra también un alto grado de responsabilidad de los gestores de las compañías ferroviarias, así como los intentos de la Administración por eludir aspectos clave de la investigación que señalaban la dejación de sus obligaciones de garantizar la seguridad de los trenes y, por tanto, de los pasajeros. En primer lugar, es obligado resaltar que la tardanza en la resolución –más de una década– es impropia de una justicia que se precie y ha generado mayor dolor a las víctimas y sus familias, a lo que han contribuido las maniobras y la inhibición de la administración. Asimismo, puede resultar chocante que tanto el maquinista que cometió un grave despiste como el responsable de Seguridad de Adif hayan sido condenados a la misma pena. La jueza considera que el descarrilamiento del tren no se habría producido únicamente si el maquinista “hubiera estado atento” sino también si se hubieran adoptado medidas de control de la velocidad del tren o sistemas de aviso al conductor del Alvia que, obviamente, no existían. La condena al cargo de Adif –a quien inexplicablemente la fiscalía retiró los cargos en el último momento del juicio– es, en realidad, extensible a la propia compañía y a Renfe y, por extensión, al Estado. La sentencia es muy contundente al acreditar que la línea y el subsistema de control, mando y señalización adolecían de una grave falta de sistemas de seguridad para la circulación del Alvia pese a que la UTE que realizó el proyecto constructivo había identificado el peligro de descarrilamiento en el punto en el que se produjo el siniestro. Además, Adif desconectó el sistema de protección automático ERTMS, de alta seguridad, para evitar retrasos. En este aspecto, ante la dejación de responsabilidades, fue crucial la intervención de la Agencia Ferroviaria Europea, que dio las claves para la investigación cabal de las causas reales de la tragedia.