EL informe del Observatorio de Derechos Lingüísticos (Hizkuntz Eskubideen Behatokia) presentado ayer en Iruñea volvía a incidir en el hecho de que el euskera sigue padeciendo un tratamiento de segundo nivel a la hora de reconocer los derechos de la población euskaldun y pese a la cooficialidad de la lengua en la mayor parte de Euskal Herria. El resumen de incidencias correspondiente a 2023 reproduce un esquema de comportamiento social y administrativo que impide hablar de igualdad plena y real de derechos en función de la lengua materna. El informe alude a las dificultades que encuentra especialmente en la Comunidad Foral Nafarroa en ámbitos de la vida cotidiana tan importantes como la salud y la educación pero extiende la reflexión al conjunto de la relación de la ciudadanía con las administraciones proyectando un fenómeno que obstaculiza la normalización lingüística: muchos euskaldunes son instados a comunicarse en castellano o francés y acaban renunciando a su derecho a ser escuchados y atendidos en euskera porque insistir en ello se traduce demasiadas veces en retrasos y obstáculos en su acceso a servicios que prestan las administraciones. Este marco que, según el observatorio, perpetúa la minorización de la lengua vasca, es el que rodea las decisiones judiciales que persistentemente limitan la acción de las administraciones en los niveles municipal, foral y autonómico en materia de fomento y consolidación del euskera en sus estructuras. La tendencia de una determinada interpretación judicial de la cooficialidad repite una y otra vez la pretensión de que el euskera esté presente solo donde resulta imprescindible y no con carácter general, al impedir que se convierta en requisito de acceso y obligar a facilitar plazas en las que no sea obligatorio. La prelación de ese derecho de acceso al empleo en la administración sin poner en valor el dominio de las lenguas cooficiales va en detrimento del derecho de la ciudadanía a expresarse en la que le es más propia. En tanto la acción comprometida de muchas administraciones choquen con ese freno, como vienen acreditando los tribunales al invalidar convocatorias públicas, el diagnóstico se reproducirá año tras año y aquellas otras que carecen de vocación de implementar el euskera hallarán una salvaguarda judicial.