EL Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, que dirige el socialista Iñaki Arriola, identifica como zonas potencialmente tensionadas en materia de vivienda total o parcialmente hasta 41 municipios de la comunidad en los que se concentra algo más de la mitad de la población. El informe pone en manos de los ayuntamientos solicitar la declaración que implica medidas de contención al precio de los alquileres, a la acción de los grandes tenedores de viviendas, pero que también les compromete a desarrollar un plan local de actuación. Todo ello en base al marco de la Ley estatal de Vivienda, recurrida por varios gobiernos autonómicos por invasión de competencias y que en el caso de Euskadi está siendo objeto de negociación con el fin de evitar la vía judicial y preservar la competencia exclusiva que invade la norma aprobada por PSOE, Podemos, EH Bildu y ERC –con el desmarque, tras su entrada en vigor, de esta última en forma de recurso desde el Govern de la Generalitat–. El informe en sí es un retrato del estado de la vivienda a la luz de las condiciones que establece la citada ley pero que no parece satisfacer las expectativas de sus valedores. En primer lugar porque el nivel de intervención sobre los precios de alquiler no recoge la posibilidad de reducirlos, sino de contenerlos durante un periodo temporal concreto, lo que no garantizará la accesibilidad a quienes ya los tienen fuera de su alcance. Además, porque en defensa de su apoyo a la ley, los partidos vascos que la respaldaron sostenían que con ella se podría ampliar al 100% de la comunidad la consideración de zona tensionada, cuando el marco municipal lo reduce al 55%. No obstante, y a la espera de que un acuerdo prejudicial permita evitar el recurso al Constitucional y libere la competencia del Gobierno vasco para poder aplicar políticas más eficientes –con parámetros más específicos de la realidad socioeconómica propia–, el informe atisba el alcance del problema de acceso a la vivienda. Refleja el modo en que este se concentra en urbes metropolitanas y su entorno inmediato, mientras la periferia –que en Euskadi es un ámbito territorial conectado en un 95% por un arco de movilidad de no más de 40 minutos– no sufre en esa medida. Esa demanda concentrada difícilmente se podrá gestionar con medidas públicas sobre el mercado.