LA estrategia electoralista del PP, centrada en su continua obsesión de propuestas de “bajar impuestos”, con las comunidades en las que gobierna –con Madrid y Andalucía como puntas de lanza– utilizadas como laboratorios de pruebas, y las respuestas y reacciones desde el Gobierno español han derivado en una especie de delirante guerra fiscal en un momento especialmente delicado de crisis económica y de recursos. En el río revuelto de la maniobra de Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla en las comunidades madrileña y andaluza de suprimir en sus territorios el impuesto de patrimonio, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha deslizado su pretensión de recentralizar las competencias sobre fiscalidad. No es nuevo el empeño de Escrivá por recortar atribuciones a las autonomías –lo ha pretendido hacer en Euskadi con el IMV– en favor del Estado. En el caso de la CAV y Nafarroa, sin embargo, el ministro vuelve a pinchar en hueso. La especificidad vasca en el ámbito fiscal obliga a las instituciones forales a desplegar políticas de impuestos propias en virtud de su realidad y necesidades según las líneas generales acordadas, así como a recaudar los tributos correspondientes y a gestionarlos con disciplina y responsabilidad plenas, asumiendo los riesgos que ello conlleva. Un régimen plasmado en el Estatuto de Gernika y que está en el fundamento del sistema de autogobierno que lleva funcionando con éxito más de cuarenta años. Ello quiere decir que cualquier cambio o modificación que afectase a la fiscalidad en la CAV y Nafarroa deberá ser previamente acordado y debidamente concertado mediante el correspondiente sistema de relación bilateral. Aunque el Gobierno español ha negado esa pulsión recentralizadora expuesta “a título personal” por Escrivá, el riesgo –que se ha manifestado claramente en otros ámbitos competenciales– de uniformización es obvio y el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez debiera atajarlo de raíz. La irresponsabilidad electoralista del PP no puede servir de excusa para abordar cambios unilaterales. Lo que subyace en esta absurda guerra de impuestos para captar altos patrimonios es, además del intento de los populares por desgastar a Sánchez, el fracaso del modelo de financiación autonómico en el régimen común, que demanda a gritos una urgente revisión.