Siete años después

La detención de personas sobre las que existen indicios de colaboración con ETA y de su participación en acciones violentas es una buena noticia. El terrorismo no puede tener cabida en una sociedad moderna y democrática, y todo paso que lo debilite es bienvenido. La Ertzaintza detuvo en la madrugada de ayer en Hernani a Gurutz Agirresarobe y Aitziber Ezkerra. Al primero se le acusa de ser el autor material del asesinato del ex jefe de la Policía Municipal de Andoain Joseba Pagazaurtundua, en febrero de 2003. Las investigaciones policiales y judiciales establecerán si los indicios ahora presentados ante la opinión pública se asientan en hechos reales. Hasta entonces, la presunción de inocencia debe asistir a los detenidos, como derecho que corresponde a todo ciudadano en un Estado de Derecho. Han pasado siete años desde aquel asesinato y eso indica la complejidad que conlleva un caso así en la lucha antiterrorista. Quien exige a las fuerzas policiales la presentación de resultados inmediatos tras un atentado, desconoce las dificultades a las que se enfrentan los especialistas o, simplemente, pretende la detención de cabezas de turco para acallar a cierto sector de la opinión pública y de la prensa. Una operación como la que culminó ayer la Ertzaintza no se realiza de un día para otro. En la mayoría de las ocasiones, son necesarios meses y años de cruzar datos, propios y de otras policías, para obtener el resultado que se busca. Pretender hacer ver que de la noche a la mañana se pueden activar todos los mecanismos que intervienen en la lucha contra una organización clandestina como es ETA, es engañar a los ciudadanos. Los responsables policiales lo saben muy bien. Sus jefes políticos, también. Otra cosa es que para muchos de estos últimos sea difícil abstenerse de caer en la tentación de la utilización del terrorismo para beneficio político propio. Pero, a la vez que esos siete años hablan de la dificultad de capturar a los presuntos autores de un asesinato, también dejan bien claro que la maquinaria investigadora no se detiene y que los delitos, al final, se acaban pagando. Para las familias de las víctimas resulta un consuelo comprobar que los crímenes no son olvidados y que en algún momento llegará la justicia que reclaman y merecen. Por último, ese periodo de siete años sirve también para tasar el declive de la organización armada. La ETA de 2003 era mucho más débil que la que actuaba siete años antes, tras haber despreciado un proceso de paz que arrancó con el acuerdo de Lizarra-Garazi. La ETA de 2010 es, asimismo, más débil que la de 2003, tras haber volado las esperanzas de otro proceso de paz. La organización armada ha ido dilapidando su propio proyecto y, en esa dinámica, ha ido arrastrando a la izquierda abertzale radical. La pregunta es si seguirán repitiendo errores siete años más.