La Audiencia Nacional procesa al BBVA, su expresidente y varios exdirectivos por contratar a Villarejo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González y de una serie de exdirectivos de la entidad por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la presunta comisión de una serie de encargos ilegales entre 2004 y 2016.

La Sección Tercera rechaza los 11 recursos de apelación interpuestos contra el auto que puso fin a la investigación. Los magistrados, en línea con la Fiscalía Anticorrupción y el instructor, consideran que "no resulta creíble el desconocimiento alegado" por el BBVA.

Entre los procesados se encuentran: Julio Corrochano (responsable de Seguridad de la entidad), Ángel Cano (consejero delegado), Eduardo Arbizu (ex jefe de Control Interno) y Antonio Béjar (exdirector de Riesgos).

Ineficacia del sistema de control interno

La Sala hace referencia al sistema de prevención y control establecido por BBVA para prevenir delitos, considerándolo ineficaz, ya que la Presidencia Ejecutiva y la alta dirección pudieron actuar al margen del mismo.

Según la AN, "no es irrazonable concluir que había un grupo de personas que podía actuar sin control, cuyas órdenes eran obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas".

Respecto a Francisco González, la Sala indica que algunos contratos con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, fueron ordenados por el presidente, "que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación". Se considera que eligió a CENYT tras no obtener resultados con otros métodos y sí con los servicios de Villarejo.

Delitos y funcionamiento irregular

La AN sostiene que los hechos presentan delitos continuados de cohecho y revelación de secretos, utilizando funcionarios policiales para acceder a datos íntimos y personales sin autorización judicial.

El juez instructor Manuel García Castellón, en junio de 2024, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo, entre otros, por revelación de secretos, poniendo fin a la instrucción de la pieza separada 9 del 'caso Villarejo'.

El juez relató que la contratación inicial de Julio Corrochano en septiembre de 2002, con aquiescencia de Francisco González, permitió un enlace entre la entidad y policías en activo, incluidos Villarejo y Enrique García Castaño.

Se explicaba cómo Villarejo, aprovechando su posición dentro de la policía, creó una estructura empresarial para lucrarse y tener acceso indirecto a registros policiales y bases de datos reservadas. Corrochano informó a González, quien autorizó y permitió la utilización de estos recursos con total discreción, limitando el conocimiento a un núcleo reducido de directivos. A raíz de ello, se firmaron contratos para proyectos de inteligencia, incluyendo seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos y averiguación de patrimonio de empresarios, abogados y periodistas.