Los inquilinos de alquiler protegido pagan una media de 240 euros al mes

El Gobierno vasco se ha fijado como objetivo sacar al mercado 7.000 nuevas viviendas de protección pública cada cuatro años de aquí a 2036, poniendo el foco en el alquiler asequible. Y el plan director que esta semana ha pasado su último trámite parlamentario es la hoja de ruta para alcanzar esa meta. Actualmente, el parque protegido es de 70.000 viviendas, de las que 28.000 son de alquiler.

En la política de vivienda de Euskadi hay dos fechas importantes. La primera es 2003, cuando se decretó la calificación permanente de VPO a los inmuebles públicos, es decir, que ya no se pueden vender a un precio de libre mercado. Y la segunda es 2015, cuando se orientó la vivienda protegida hacia el alquiler. De hecho, la pasada primavera, el Gobierno vasco entregó su última promoción en venta: 120 pisos en Zorrotzaurre. “Hay muchas viviendas del parque público que son propiedades particulares, que están calificadas como protegidas indefinidamente, pero que no las gestionamos nosotros”, explica el viceconsejero de Vivienda, Miguel de Los Toyos.

De acuerdo a su actual política de vivienda, el objetivo del Ejecutivo es contar con 50.000 pisos para alquiler asequible en 2036. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la renta que pagan los inquilinos no supere en ningún caso el 30% de sus ingresos. Actualmente, el alquiler medio que se paga en una vivienda gestionada por el Gobierno vasco es de 240 euros al mes. “El mínimo son 70 euros, lo que significa que habrá gente que paga 400 euros, lejos todavía de cómo está el mercado libre”, indica De Los Toyos.

En Etxebide hay unas 100.000 personas en lista para conseguir una vivienda asequible y el 40% de ellas dedica más del 30% de sus ingresos al pago de su alquiler actual. Durante la comparecencia del consejero Denis Itxaso en el Parlamento Vasco el pasado miércoles, parte de la oposición –EH Bildu y Sumar– le acusaron de falta de ambición. “Las políticas que llevamos a cabo no tienen un resultado inmediato. Pedir paciencia puede resultar un abuso en la situación en la que estamos, pero no es falta de ambición, lo que hay es mucho realismo porque los resultados no se van a ver a corto plazo”, reconoció Itxaso.

El objetivo de imprimir ritmo a la construcción de vivienda protegida se apoya en la Ley de Medidas Urgentes que se aprobará a final de año en el Parlamento y que contempla la modificación de la Ley de Suelo de 2006 para que, por un lado, el Gobierno vasco disponga de terrenos propios y, por otra, para agilizar trámites y edificar más rápido.

Con más de 200 viviendas, el 5% es para el Gobierno

“Nos preocupa enormemente la escasez de suelo, por eso estamos llevando a cabo una reforma de la ley del suelo”, señaló Itxaso en el Parlamento. Una de las medidas que incluye la Ley de Medidas Urgentes es la cesión “sistematizada” de suelos municipales al Gobierno vasco para que éste disponga de una reserva propia. “Según la Ley de Suelo de 2006, cada vez que se hace una promoción de viviendas en un municipio, obligatoriamente por ley, el 15% de ese aprovechamiento hay que cederlo al ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que ayuntamientos como Bilbao o Donostia tienen herramientas y pueden construir viviendas, pero el resto normalmente no. ¿Y qué hacen? O venden esa parcela a un privado y utilizan ese dinero para lo que necesitan en ese momento o nos la ceden a nosotros para que construyamos vivienda protegida. Eso se hace a través de un convenio bilateral que se eterniza en el tiempo. Lo que persigue este cambio legislativo es sistematizar esa cesión”, explica De Los Toyos.

Lo que hace la Ley de Medidas Urgentes es contemplar diferentes escenarios: uno de ellos es que, cuando se trata de promociones de menos de 200 viviendas, el 15% se queda para el ayuntamiento como hasta ahora, salvo que el consistorio se lo quiera ceder al Gobierno vasco. Sin embargo, cuando el número de viviendas supera esa cifra, el Ejecutivo se queda con el 5% y el ayuntamiento, con el restante 10%.

En una comparecencia en comisión parlamentaria, la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, pidió hace unas semanas “recursos técnicos y económicos para incrementar la capacidad de actuación de los municipio” más allá de regalar recursos de patrimonio municipal de suelo al Gobierno vasco”. Al respecto, De Los Toyos asegura que desde su departamento ya están trabajando cómo reforzar los equipos técnicos municipales. “Hay que entender que la ley de medidas urgentes trae consigo modificaciones normativas sustanciales y la idea que tenemos es hacer jornadas formativas para los técnicos, para los políticos, para que entendamos todos un poco estos nuevos caminos de la tramitación urbanística. Entendemos que eso también le va a suponer un esfuerzo a los ayuntamientos”, apunta.

Además de la reserva estratégica de suelo, la ley contempla también “un carril rápido” para reducir en un 50% los plazos de construcción, la posibilidad de que los ayuntamientos rebajen al 60% el porcentaje de vivienda protegida, que ahora se sitúa en el 75%, en las nuevas promociones y la autorización de levantes de hasta dos alturas en edificios protegidos.

El parque público de vivienda: de 70.000 a 116.000

Con estas actuaciones, el Gobierno vasco busca sacar al mercado 7.000 viviendas de protección pública cada cuatro años hasta 2036. El plan director actual, que va de 2025 a 2027, contempla 5.250 pisos nuevos. “Estamos aumentando el ritmo de 5.000 a 7.000, un 40%. Si lo mantenemos en esta y las dos próximas legislaturas, estaremos en condiciones de alcanzar las 50.000 viviendas protegidas en alquiler que fija el Pacto Social por la Vivienda y el parque de alquiler se habrá duplicado para el año 3035. Y nos acercaremos a que el parque total de viviendas protegidas en Euskadi alcance las 116.000 unidades residenciales”, resumió Itxaso en su comparecencia.

Las vías serán a través de la construcción de viviendas nuevas por parte del Gobierno vasco, pero también a través de la captación de más inmuebles vacíos para el programa Bizigune y de las ayudas a la promoción de viviendas en alquiler asequible para agentes privados. “Nosotros subvencionamos con hasta 50.000 euros por vivienda a un promotor, con la condición de que durante 50 años la tiene que poner en alquiler, que suele ser un intermedio entre el alquiler asequible que promocionamos nosotros como gobierno y el alquiler del mercado libre. Por ejemplo, puede rondar los 600 euros, 700 como mucho”, subraya De Los Toyos. Los promotores privados también pueden poner vivienda protegida en venta, porque la prohibición solo afecta a las administraciones públicas. De todas estas fórmulas deberán salir al mercado las 7.000 viviendas nuevas cada cuatro años.

“La ley está inspirada fundamentalmente en el reto de promover vivienda protegida. Pero hay suelos, parcelas, que tienen mixtura, es decir, tienen vivienda protegida, pero también tienen vivienda libre. Si a través de esta ley se agiliza esa parcela y su promoción es más rápida, la vivienda libre también se va a ver beneficiada. No digo que vayan a bajar los precios por esto, pero si se consigue cierta retención bienvenida sea”, expresa el viceconsejero.

Para la contención del precio de la vivienda, el Gobierno vasco se centra en las zonas tensionadas y espera al finalizar este año la declaración del 70% de los municipios de Euskadi que reúnen las condiciones. En esos municipios, entre los que se incluyen las tres capitales, se prohíben las licencias a nuevas viviendas turísticas, aunque sigue quedando un fleco: que los alquileres de temporada escapan del control y están aumentando.

La mitad de los inscritos en Etxebide cobra una ayuda

La necesidad de vivienda asequible se refleja en las más de 100.000 personas inscritas en las listas de Etxebide. De éstas, el 70% cuenta ya con una vivienda pero demanda una en mejores condiciones o más asequible. Conscientes de que las proyecciones de nueva vivienda no van a dar solución a la problemática actual, una de las líneas de este plan director es mejorar los programas de ayuda a través del Decreto de Medidas Urgentes que aprobará el Consejo de Gobierno también a final de año. Así, por ejemplo, en Gaztelagun, se incrementa de 27.000 a 30.000 los ingresos máximos que tiene que tener una persona para acceder a esta prestación, se amplía el tope que puede costar el alquiler para cobrar la ayuda (900 euros en Bilbao y Gasteiz y 991,8 en Donostia) y, por primera vez, podrán acceder a ella quienes comparten piso.

También sube la renta que se paga a los propietarios que cedan al Gobierno vasco sus pisos para alquiler: de 675 a 800 euros en Bilbao y Gasteiz y hasta 965 euros en Donostia. Y contempla modificaciones normativas para incrementar el cupo de viviendas destinadas a jóvenes.