La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha congregado este sábado a unos 35.000 funcionarios de todo el Estado frente a la Dirección General de Muface en Madrid para defender el actual modelo de mutualismo tras el enfrentamiento abierto entre el Gobierno español y las aseguradoras médicas para renovar el actual concierto, que vence a finales de año.
"No descartamos ninguna medida de presión, incluida una huelga en las administraciones públicas", ha advertido el presidente de CSIF, Miguel Borra, al tiempo que ha criticado que partidos del Gobierno español como Sumar no apoyen la continuidad del sistema.
En la convocatoria han participado 35.000 funcionarios de todo el Estado, según los datos de CSIF, que han denunciado que este colectivo no puede asumir la presión a la que les están sometiendo tanto el Gobierno español como las aseguradoras con retrasos en las citas de las pruebas médicas. "No se merecen los funcionarios que, con el servicio que dan al ciudadano, se desatienda su situación sanitaria", ha afirmado Borra.
"Hasta el 31 de enero de 2025 viene recogida la prolongación del convenio actual", ha puntualizado el representante de los funcionarios para añadir que existen "centenares de correos electrónicos" que recogen las denuncian y reclamaciones de los afectados por esta crisis en el sistema sanitario.
Quejas a Bruselas
El sindicato de trabajadores públicos ha llevado a Bruselas los "cientos" de quejas que han recibido en las últimas semanas por parte de los mutualistas en las denuncian que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario.
Estas quejas fueron denunciadas por el sindicato ante el Defensor del Pueblo el pasado lunes y registradas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que los grupos parlamentarios propongan iniciativas en defensa de la asistencia sanitaria que reciben los 1,5 millones de mutualistas de Muface.
Con la presentación de estas quejas en Bruselas, desde el sindicato buscan que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión sepan de la situación en la que se encuentran los trabajadores públicos y sus familiares asistidos por Muface para que "emprenda las acciones que considere necesarias".
Situación de Muface
Las tres aseguradoras que ahora prestan atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 convocada por la dirección de Muface porque el Gobierno español planteó una subida en las primas del 17,12 %, por debajo de la petición de las aseguradoras, que estaba en torno al 40 %.
Al quedar desierta la licitación, el Gobierno español abrió un plazo de diez días hábiles, desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre, para que las aseguradoras notificaran a Muface a qué precio prestarían el servicio sanitario, especificando las primas fijas que se tendrían que abonar por cada grupo de edad para cada ejercicio del nuevo concierto (2025, 2026 y 2027).
La primera licitación para el concierto abarcaba el periodo 2025-2026, pero la consulta preliminar establece un periodo de vigencia estimado del nuevo concierto de tres años, de 2025 a 2027.
Tras finalizar el plazo de la consulta, Muface ha recopilado las contestaciones presentadas en un informe final en el que indica que las aseguradoras DKV y Asisa no han aportado a Muface "evidencia de costes" sobre el total de la prima que han sugerido a la mutualidad para el nuevo concierto de asistencia sanitaria, mientras que Adeslas no ha participado en dicha consulta preliminar.
Con la información recabada en esta consulta, y con este informe, el Gobierno español tiene previsto lanzar una nueva licitación para el concierto de asistencia sanitaria privada de los funcionarios de Muface antes de final de año, según ha indicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
