El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó ayer la fábrica de Sidenor en Basauri y mantuvo un encuentro con el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga. La cita se produjo en el pleno proceso de negociación de Sidenor para adquirir una 29,9% de las acciones de Talgo y se interpreta como un respaldo del Ejecutivo al proceso abierto para que la siderúrgica vasca entre en el consejo del fabricante de trenes, considerado estratégico para el Estado por motivos de seguridad.
Tras recorrer la fábrica acompañado por Jainaga, Puente afirmó que Sidenor “es un ejemplo de innovación y apuesta por las nuevas tecnologías en una industria tan importante para la economía española como la siderúrgica”. Por su parte, Jainaga agradeció la visita al ministro, ya que les permitió “enseñarle Sidenor, una empresa industrial en la que trabajamos más de 1.800 personas fabricando aceros especiales, con una fuerte presencia en el automóvil”. Desde su perspectiva, “sólo se puede asegurar el futuro actuando con solvencia y solidez, creciendo de forma sostenible industrial y financieramente”, concluyó.
La visita del titular de Transportes se produce en un contexto en el que la empresa vasca puja por hacerse con Talgo, tras haber trasladado una oferta a uno de sus accionistas -Trilantic-, para adquirir su participación del 29,9%. Puente trasladó recientemente que la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Talgo para acompañar a Sidenor en la compra de la compañía era “una posibilidad”. El ministro estuvo acompañado en la visita por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano y la delegada del Gobierno en la CAV, Marisol Garmendia.
Por otra parte, según informaron ayer diversos medios, Renfe ha transmitido a Talgo la ejecución de las penalizaciones que, por valor de unos 160 millones de euros, le va a imponer como consecuencia de los retrasos en la entrega de las unidades solicitadas de los trenes Avril. Se trata de los convoyes esenciales para los nuevos AVE y que debían haber sido entregados al operador en 2021. Se trata de unas sanciones que se habían decidido en marzo.
