La banca ha trasladado una serie de peticiones al Gobierno central aprovechando la consulta pública previa que el Ministerio de Economía abrió para recoger la opinión del sector en la transposición de la nueva directiva europea sobre créditos al consumo, de tal forma que el sector ha pedido que se respeten los tipos máximos que han establecido ya los jueces para este tipo de productos. Por ejemplo, el año pasado el Tribunal Supremo ya creó un criterio al considerar “usura” un tipo de una tarjeta revolving que esté seis puntos porcentuales por encima del tipo medio que se aplique en España para ese producto.

De tal manera, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) -que representa a las financieras de los principales bancos en España- ha solicitado al Gobierno que respete estos tipos máximos, puesto que ya hay una jurisprudencia “pacífica” al respecto. Otras fuentes bancarias han indicado que sentencias como la del Supremo han creado una regulación “muy clara” de protección al consumidor de productos financieros.

Asnef también ha solicitado al Ejecutivo una petición habitual para el sector, como es la de que el negocio de préstamos al consumo se reserve solo a entidades reguladas que cumplen con las “exigencias y requerimientos necesarios” para “garantizar” la seguridad y la protección de los consumidores, de tal forma que no participen en el mercado empresas como fintechs que pueden dar créditos al consumo, pero sin soportar la misma regulación.

“A estos efectos, las entidades reguladas existentes hoy, es decir, los establecimientos financieros de crédito y las entidades de crédito, son la figura jurídica apropiada para cubrir los objetivos indicados, lo que permite cumplir en libre competencia con el principio de ‘misma actividad, mismas reglas, mismo supervisor’”, traslada la organización.

NUEVA FIGURA

Asufin ha sido otra de las asociaciones que ha participado en la consulta pública previa que el Ministerio cerró el pasado 4 de octubre. Entre las alegaciones presentadas, ha pedido que las tarjetas de débito diferido no queden excluidas del nuevo paquete normativo que, además de una ley, también incluye un real decreto y una orden ministerial. Este producto permite que el importe no se cargue a la cuenta de manera inmediata, sino en otra fecha, por lo que el usuario no tiene por qué tener los fondos en el momento de realizar la compra, pero sí en la fecha establecida para pasar el cargo. “De lo contrario, su cuenta quedará en descubierto y tendrán que pagar elevados intereses y comisiones”, explica Asufin, lo que puede dar lugar a un “fácil endeudamiento”.

Según explica el Ministerio, la intención es redactar una nueva ley de contratos de crédito al consumo para trasponer la Directiva europea 2023/2225 que debe entrar en vigor, “a más tardar”, el 20 de noviembre de 2025. También se redactará un real decreto y una orden ministerial que modificará la regulación de la publicidad de servicios y productos bancarios, y la regulación de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.