La fuerza laboral de los inmigrantes irregulares fue determinante en los primeros meses de la pandemia, sosteniendo la producción y distribución de alimentos o garantizando los cuidados de personas dependientes. Sin embargo, también dejó al descubierto la vulnerabilidad que enfrentan, que impidió su adecuada protección frente al contagio, disparó sus niveles de pobreza y les excluyó de algunas de las medidas más relevantes de protección social.
Ante esta doble realidad, un total de 900 organizaciones sociales comenzaron a recoger firmas para llevar ante el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de los inmigrantes sin papeles que residen actualmente en el Estado español. Tras varias trabas y retrasos, la iniciativa superó el trámite el mes pasado, tras conseguir más de 700.000 firmas y el apoyo de todos los partidos, salvo Vox.
La medida beneficiaría a entre 475.000 y 530.000 personas, según la Fundación porCausa, una de las promotoras de la iniciativa. Las últimas estimaciones más fiables datan de 2021, ya que desde entonces no han tenido acceso a los datos del padrón. Entonces, se calculaba que había 425.000 personas en esta condición (el 12% de los inmigrantes y el 0,8% de la población total del Estado). “Sospechamos que los números han vuelto a subir de manera considerable porque los datos de 2021 están afectados por la disminución de entradas por el covid. Hay que pensar que la mayoría de los que están en situación irregular llegan por los aeropuertos, entran de manera legal y luego hay una irregularidad sobrevenida. Así que cuando se recuperó la normalidad, las llegadas volvieron a crecer”, explica Gonzalo Fanjul, director de investigaciones de la Fundación porCausa. La actual cifra de inmigrantes irregulares se acerca así a los que había tras la última regularización, que se llevó a cabo en 2005.
Tras aquel proceso, seis de cada diez personas en situación irregular ingresaron en el mercado de trabajo, según un estudio de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente, ocho de cada diez personas en situación irregular son de procedencia latinoamericana, más de la mitad mujeres y hay unos 120.000 niños y niñas. Y están empleadas en una diversidad de capacidades, sobre todo de baja cualificación, como el sector de los cuidados, y cualificación media, como la construcción. Es, además, una población muy joven, mucho más que la media española y también que la media de la inmigración con papeles.
“La regularización es, evidentemente, beneficiosa para tosas estas personas, pero para el país también. No deberíamos querer vivir en un país en negro y a base de explotación”, sostiene Matilde Mas, directora de proyectos internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). “Es beneficiosa además porque estamos escasos de trabajadores en muchos sectores, por ejemplo, en la Sanidad y en todo lo relacionado con las carreras STEM, que son la joya de la corona y da la casualidad de que somos exportadores netos de este talento. Hay una queja generalizada también de falta de personas de cualificación intermedia como encargados de negocios y, claro, en los niveles de baja cualificación como la agricultura, el turismo, aunque aquí está subiendo cada vez más el nivel. También todo lo que tiene que ver con cuidados”, sostiene Mas.
“La regularización es beneficiosa para todos. No deberíamos querer vivir en un país en negro y a base de explotación”
“Lo que antes eran carencias puntuales de mano de obra se está convirtiendo en una carencia estructural del mercado, en parte ligada a la evolución demográfica, en parte a la composición del mercado de trabajo. Y esto es compatible con niveles relativamente altos de desempleo”, asegura, por su parte, Fanjul. Para el investigador de porCausa, “hay una parte de los desempleados que no se incorporan al mercado de trabajo porque los salarios no son los adecuados o porque están por debajo de su cualificación, pero hay una parte que directamente no tiene las capacidades para realizar los trabajos que demanda el mercado y ese es un problema”.
Ahí podrían jugar un papel relevante los inmigrantes. “Sabemos en qué están empleados ahora, pero no en lo que podrían estar empleados”, sostiene Fanjul. Muchos de ellos llegan con estudios superiores o formación técnica realizadas en sus países, pero se encuentran con problemas para homologar sus títulos. “Tenemos una demora muy grande con la homologación de títulos, gente que ha caído en la irregularidad administrativa justamente por eso, que ha venido con promesas de trabajo de regularizar su situación y que está realizando trabajos por debajo de su cualificación”, se queja Victoria Columba, de la plataforma Regularización Ya.
“Tenemos gente que ha caído en la irregularidad por la demora en la homologación de títulos”
“La sobrecualificación es una ineficiencia del sistema”, asegura Mas. La Encuesta Europea de Población Activa apunta, según una investigación de El País, Lighthouse Reports, Financial Times y Unbias the News, que tuvieron acceso a los microdatos, que más de la mitad de los trabajadores inmigrantes tiene una titulación superior a la que le exige su puesto –casi millón de los 1,8 millones con formación universitaria–. La diferencia de sobrecualificación entre los nacidos en el Estado (33%) y los extranjeros (54%) es de 21 puntos. La encuesta revela además que el 12,7% de los inmigrantes con estudios universitarios está desempleado, frente al 7% de los españoles.
Así, el Estado es el tercer país con más extranjeros sobrecualificados (después de Italia y Grecia) y la brecha con los locales es la quinta más alta del continente.
Arcas públicas
Una regularización también tendría otros efectos, sobre todo en las arcas públicas. Una investigación de porCausa estimaba en unos 3.400 euros por trabajador y año el aporte de la regularización para el estado. Actualmente, los empleados extranjeros son el 14% del total del mercado laboral, casi el doble que hace veinte años. Y cuantos más trabajadores, más aumenta el consumo y los fondos públicos al tiempo que se rebaja la presión en prestaciones sociales. Hace unas semanas, el Banco de España calculó que España necesitaría 24 millones de inmigrantes hasta el año 2053 para poder sostener las pensiones.
“España necesitará en el futuro mucha más población neta de la que está recibiendo”
Para muchos economistas, esta cifra es “exagerada” e incluso “provocadora”. Pero lo cierto es que el Estado tiene un periodo de 15 a 25 años en el que el sistema va a estar tensionado “porque tenemos un número sin precedentes de personas que se jubilan”. Uno estudio reciente de Allianz Research estima que el Estado español perderá hasta un 30% de su fuerza laboral en 2050 en ausencia de inmigrantes.
“Todos los estudios relevantes sugieren que España necesitará en el futuro mucha más población neta de la que está recibiendo. Es verdad que la gente que se está incorporando al mercado de trabajo se jubilará eventualmente, pero lo hará en un contexto del sistema de protección mucho menos delicado”, explica Fanjul. Ahora solo falta que la regularización se materialice. Al respecto Columba tiene sus reservas sobre que ocurra pronto. “Ahora están esperando que pasen las europeas. Realmente no hay una voluntad de acelerar el trámite parlamentario”, lamenta.
¿A cuántas personas podría beneficiar? Entre 475.000 y 530.000 personas, según al Fundación porCausa. No hay cifras exactas porque no se han actualizado los datos del padrón. Los números absolutos de la inmigración irregular crecieron durante los primeros años de la pasada década, cayeron de forma abrupta durante la crisis de 2008-2015 y se recuperaron desde 2015.
Origen de la inmigración irregular. Según los últimos datos de 2021, cuatro de cada cinco extranjeros sin papeles (77%) tiene su origen en América Central y del Sur. Los inmigrantes irregulares suponen ya un cuarto del total de los flujos procedentes de América Latina. El conjunto del continente africano aporta el 9,2% de los inmigrantes irregulares que residen en el Estado Más de la mitad de ellos proceden de Marruecos.
Perfil. Cuatro de cada cinco inmigrantes sin papeles tiene menos de 40 años. Siete de cada diez inmigrantes irregulares hombres está por debajo de los 30 años. Las mujeres son mayoritarias en la población inmigrante irregular y unos 120.000 son niños y niñas.
Ocupaciones esenciales. Uno de cada dos trabajadores extracomunitarios está empleado en una de las ocupaciones consideradas esenciales por la Comisión Europea. Los sectores principales de empleo son el de limpiadores y asistentes (40%), la minería y la construcción (20%) y los cuidados personales (12%).
Efectos fiscales de la regularización. La irregularidad de los inmigrantes supone para las arcas públicas del Estado un coste anual medio de 2.000 euros por inmigrante. En caso de regularización, la aportación fiscal neta de los inmigrantes en situación irregular se incrementaría por encima de los 3.250 euros.
Pensiones. Uno estudio reciente de Allianz Resarch estima que el Estado español perderá hasta un 30% de su fuerza laboral en 2050 en ausencia de inmigrantes. Y estima en 338.000 el número de llegadas netas anuales necesario para sostener el sistema de pensiones.
2005. La última regularización de inmigrantes se produjo durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y benefició a más de 575.000 personas. El porcentaje de afiliados al sistema de Seguridad Social pasó del 6% al 9% durante los siguientes meses.
