El Gobierno español trabaja para extender la bonificación del 45% en las cuotas a la Seguridad Social para familias numerosas que contraten empleadas del hogar a partir del 1 de abril, fecha prevista para que expire esa reducción.
En la actualidad existe una reducción general del 20% en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes al dar de alta a una empleada de hogar, que se amplía hasta un 45 % para familias numerosas.
La intención del Gobierno era modular estos beneficios en función de unos “requisitos de patrimonio y/o renta de la unidad familiar o de convivencia de la persona empleadora”. Los términos y condiciones de este nuevo esquema de bonificaciones para familias numerosas debían fijarse antes de abril de 2023, pero ante la imposibilidad de hacerlo a tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez se dio un plazo de un año que ahora vuelve a vencer.
A partir de abril y sin una prórroga aprobada, las familias numerosas que contraten empleadas del hogar no podrán beneficiarse de la citada bonificación del 45%.
Dificultades operativas
El Gobierno trabaja con la intención de extender la situación actual aprobando un reglamento que, todo parece apuntar, no incluiría el nuevo esquema vinculando la bonificación al nivel de renta, debido a “dificultades operativas”.
Esta extensión se aprobaría incluyéndose mediante una enmienda en alguna norma que esté en trámite parlamentario y tendría efecto retroactivo desde el 1 de abril.
Así, los contratos realizados en el periodo de tiempo que medie entre el fin de la prórroga y la aprobación de la extensión podrán esperar a que la Seguridad Social se lo aplique de oficio o reclamar el diferencial de la bonificación.
A cierre de 2023, había 582.900 personas trabajando como empleadas del hogar, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), y sólo dos de cada tres de ellas estaba cotizando en el sistema especial de empleadas del hogar, con 370.688 trabajadoras en diciembre, según datos de la Seguridad Social.
Los derechos de este colectivo es uno de los objetivos de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien avanzó recientemente la extensión de la normativa de riesgos laborales a las empleadas del hogar.
Díaz señaló que trabaja para proporcionar acceso a reconocimientos médicos “sin coste para las personas que las contratan”, de forma que seguirá igualando los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar con los del resto y cumpliendo con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
MESA DE DIÁLOGO
UGT reclamó ayer sábado la apertura de una mesa de diálogo social para mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar, un trabajo “precarizado y mal pagado” ejercido mayoritariamente por mujeres migrantes.
Asimismo, el sindicato añadió que este colectivo “cubre necesidades sociales” y sustituye unos cuidados profesionalizados “que deberían proveer las administraciones”.
UGT propone el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, el trabajo interno y las horas de presencia, la definición de las tareas que pueden realizarse en el marco de esta actividad y la evaluación de las bonificaciones a la parte empleadora.
