La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, se reúne hoy con los sindicatos y organizaciones agrarias de Euskadi para conocer sus propuestas al decálogo que presentó el Ejecutivo y las diputaciones para apoyar su actividad. El encuentro que tuvieron en la tarde del miércoles los agricultores y ganaderos alaveses con el viceconsejero de Agricultura, Bittor Oroz, acabó con una “valoración muy positiva” por parte de los productores, si bien “hay que trabajar todavía bastantes puntos”.
Los responsables del sindicato agrario UAGA y de la Asociación Treviño y Álava por el Campo, Edurne Basterra e Iñaki Martínez de Lagos, aseguraron ayer jueves estar “muy contentos” porque se lograron avances en sus reivindicaciones, puesto que se acordó pagar las ayudas de 2023 de la Política Agraria Común (PAC) en primavera y se pactó un calendario “justo” para el abono de la PAC del presente año.
COMPROMISOS
En el caso de la PAC de 2023 el Gobierno vasco se comprometió a hacer el pago básico en el mes de marzo y a abonar en abril y mayo las relativas a los denominados ecorregímenes. Asimismo, se acordó un calendario para pagar la PAC de 2024, con un compromiso que pasa por abonar el 70% del pago básico antes de que termine el año. Por otra parte, está previsto que para el mes de septiembre este disponible –tras acordarlo con las entidades financieras– un adelantamiento de la PAC con un interés del 0%. La cuantía a percibir tomará la PAC del año anterior, con un tope del 50 %. Lakua también se comprometió a pagar 0,74 euros el kilo en concepto de ayudas a la vendimia en verde y a no poner topes en las ayudas a la destilación para las bodegas pequeñas, aunque en este caso la cantidad viene marcada desde Bruselas, informa la agencia Efe.
En materia de relevo generacional el Ejecutivo estudiará el modelo que está vigente en Francia y por el cual se crea un banco de tierra para el acceso de los jóvenes al sector, un punto que se considera que puede favorecer la necesaria transición. En este punto los agricultores y ganaderos exigieron al Gobierno vasco que se vuelvan a fomentar las prejubilaciones bonificadas. Los representantes de las asociaciones agrarias destacaron, además, el “compromiso absoluto” del Gobierno vasco para defender ante el Ministerio de Agricultura la salida del lobo del catálogo de especies que gozan de protección especial. No obstante, los productores alaveses también constataron que “no hay nada que hacer” en otra de las peticiones del primer sector, como es la derogación de la Ley de Transición Energética, que el Parlamento Vasco aprobó el mes pasado. Además, entre las reivindicaciones que quedan pendientes están la petición de quedar exentos de pagar el canon de agua y de que la Agencia Vasca del Agua autorice a los agricultores a limpiar los ríos.
El pasado mes, tras las fuertes protestas que se han desarrollado en toda Europa, el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales consensuaron un decálogo con medidas destinadas a apoyar al sector. A juicio de las administraciones públicas, la “recentralización” que han seguido el diseño y la gestión de las políticas agrarias en la última década “va en sentido opuesto a los marcos que necesitan las administraciones agrarias de Euskadi para simplificar y dar respuesta a las necesidades reales del sector”.
DEMANDAS
En este sentido, lamentaban que ni la PAC ni el Ministerio de Agricultura contemplaron que “las regiones hubiésemos podido tener nuestro propio plan estratégico, el cual nos habría permitido una mayor autonomía de actuación y una gestión más cercana y eficaz. Por ello, abogan por una serie de propuestas, entre las que destacan todo lo que tenga que ver con la “flexibilización” de la normativa comunitaria. Aquí se incluyen diversos principios que, no obstante, deben ser negociados con las instituciones europeas, como el establecimiento de mecanismos de compensación ante requerimientos, la revisión de la PAC para establecer “criterios coherentes con la realidad de las distintas comarcas y regiones”, el impulso de ‘cláusulas espejo’ que “exijan a las importaciones de países terceros cumplir con los mismos estándares de producción y sostenibilidad exigidos a los productores europeos” y la revisión de los criterios de clasificación de los ecorregímenes. Además, el texto acordado por las administraciones vascas se compromete a apoyar en la gestión y tramitación de ayudas, así como a reclamar la “aplicación efectiva” de la Ley de la Cadena Alimentaria. Otras de las medidas por las que aboga el texto son la “protección y optimización del uso del suelo agrario” y una mayor presencia de la mujer en la agricultura.
REFORMA EUROPEA
Por otra parte, el sindicato agroganadero Ehne subrayó ayer que la reforma de las normas de la Unión Europea, aprobadas por el Parlamento Europeo para mejorar la protección al sector primario y concretamente al vino, las bebidas alcohólicas y los productos agrícolas, “no ofrece demasiados cambios”, aunque “refuerza” el papel de los productores y les ofrece “más herramientas”. La nueva normativa evita el uso ilegal de las indicaciones geográficas y luchará contra el fraude en denominaciones de origen.
