La Eurocámara y los Estados de la Unión Europea llegaron ayer de madrugada a un acuerdo político sobre las nuevas reglas europeas de control del déficit y la deuda. Los 27 países del bloque lograron en diciembre pasado un acuerdo sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero el Parlamento Europeo aún tenía que pronunciarse sobre una de las regulaciones que componen las normas, en concreto la relativa a la vigilancia presupuestaria.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, aseguró ayer a través de las redes sociales que el acuerdo alcanzado “trata de empoderar a la próxima generación” y muestra “determinación para equilibrar las cuentas, dar credibilidad a los mercados e invertir en el futuro”.

“Las nuevas reglas (...) salvaguardan unas finanzas públicas equilibradas, refuerzan el foco en las reformas estructurales y el impulso a inversiones, crecimiento y creación de empleo”, dijo el ministro de Finanzas belga, Peter Van Pethegem, cuyo país preside hasta junio el Consejo de la UE, el órgano que representa a los gobiernos de los países miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también bendijo el acuerdo entre los negociadores de la Eurocámara y de los gobiernos nacionales, asegurando que las nuevas reglas fiscales fomentarán una economía “competitiva y justa” y permitirán a los países de la UE “invertir en sus puntos fuertes y al mismo tiempo consolidar sus finanzas públicas”. Tras varias rondas de negociación, Eurocámara y gobiernos han cerrado un pacto para el que, según diversas fuentes europeas, había muy poco margen de maniobra dado lo complicado que fue ya fraguar entre los propios países un consenso entre los que pedían poner el foco en la disciplina presupuestaria y los que reclamaban más margen para invertir.

El acuerdo mantiene las reglas pactadas en diciembre por los Veintisiete, que dejan más margen que las precedentes para que los Estados elijan su propia senda de ajuste fiscal y flexibilizan los plazos si se hacen inversiones, pero contemplan también recortes anuales fijos de la deuda y el déficit al superar ciertos umbrales.

Las nuevas reglas mantendrán los límites del 3% y del 60% sobre el PIB del déficit y de la deuda, respectivamente, pero introducirán sendas fiscales individuales de cuatro años para cada Estado miembro, con lo que tienen más en cuenta la situación de cada país que las anteriores.

Este periodo es ampliable a siete años si se comprometen a realizar reformas e inversiones pactadas con la Comisión Europea y estarán basadas en un nuevo indicador: el gasto primario neto, que excluye los intereses de la deuda, entre otras cuestiones. Sin embargo, a petición de Alemania y otros Estados se introdujeron objetivos comunes para todos los Estados con el fin de evitar que se posterguen los ajustes.

En concreto, los países cuya deuda supere el 90% del PIB tendrán que recortarla un 1 punto porcentual de media cada año y aquellos con un ratio entre el 60% y el 90%, en 0,5 puntos, mientras que los que tengan un déficit por debajo del 3% del PIB deberán seguir reduciéndolo hasta el 1,5% con el fin de crear un colchón para tiempos difíciles.