El juicio contra Iberdrola Generación por un supuesto delito contra el mercado y los consumidores relacionado con el presunto encarecimiento artificial de la luz en 2013 arranca este martes en la Audiencia Nacional, que alberga así el primer proceso judicial contra una energética por tratar de manipular el coste de la electricidad.
Por el banquillo están llamados a pasar los que eran por entonces el director de gestión de la energía de la compañía, Ángel Chiarri; el responsable de optimización, gestión de recursos y trading, Gregorio Relaño; el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún; y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para la entidad, así como dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para los cuatro directivos involucrados.
Asimismo, plantea que los acusados indemnicen hasta un máximo de 107,3 millones de euros -importe del presunto perjuicio a la demanda- de forma conjunta y solidaria a varias comercializadoras y a las personas físicas y jurídicas que acrediten haberse visto afectadas.
También se encuentra personada como acusación particular la organización de defensa de los derechos de los consumidores Facua, que pide tres años de cárcel para los directivos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía.
Caso Iberdrola
El Ministerio Público indica que Iberdrola Generación orquestó un sistema para incrementar el precio de la energía eléctrico más allá del que debiera resultar del libre funcionamiento de la oferta y demanda.
Según señala el escrito de acusación, la filial elevó sin causa legítima el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, a un nivel "por encima del precio de mercado diario".
Para ello, dichas centrales dejaron de producir -según la compañía a causa de la sequía-, lo que hizo que las operaciones de compra se dirigieran a la energía procedente de las instalaciones de ciclo combinado, de coste superior a la hidráulica.
Este "artificio" habría subido en 7,156 euros cada megavatio/hora (MWh), lo que ocasionó un perjuicio superior a los 107,3 millones de euros, según cálculos de la Fiscalía.
Iberdrola Generación produjo unos 2.965,8 gigavatios (GW) durante los días objeto de la investigación, lo que se traduce en un presunto beneficio de 21,2 millones de euros.
