Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CGT y CNT han convocado una jornada de movilizaciones el 1 de diciembre en la CAV y Nafarro por unas pensiones y unas condiciones laborales y de vida dignas, sin aclarar si será antesala del llamamiento a una huelga general.

Representantes de los sindicatos citados se han limitado a señalar, en comparecencia ante los medios de comunicación, que en los últimos tiempos han venido marcando "la referencia de una posible huelga general", sobre la cual se han ido pronunciando "de manera individual".

En las últimas semanas, el sindicato LAB ha defendido que ya es momento de convocar una huelga general al considerar que sobran razones para ello, mientras que ELA ha sostenido que contempla esa opción, pero ha abogado por recurrir a ella en el momento en el que sea más eficaz, pendiente de las reformas que se lleven a cabo en el mercado de trabajo y en el sistema de pensiones.

En lo que coinciden ambos sindicatos, junto con Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CGT y CNT, es en la necesidad de confluir y convocar movilizaciones el 1 de diciembre para tratar de "condicionar" esas reformas.

Ese día convocarán protestas por la mañana en las capitales, y por la tarde en las distintas comarcas.

Estas organizaciones han apostado por la movilización en un momento de toma de decisiones que "van a determinar las condiciones de vida y trabajo futuras", con los fondos europeos para recuperación convertidos en "una espada de Damocles", según han considerado.

"Desde el principio quedó claro que a cambio de ellos se iba a exigir tomar medidas de ajuste social" y la aprobación de la reforma laboral y de pensiones "son condiciones" para que España los reciba, han señalado Janire Landaluze (ELA) y Eneko Pérez (LAB).

Los representantes sindicales han advertido de que en ninguno de los dos casos "se está dando respuesta" a las demandas de los sindicatos y organizaciones sociales de Euskadi.

Según han precisado, "en el proyecto de ley de reforma de las pensiones se recortan las jubilaciones anticipadas y, lejos de garantizar unas pensiones mínimas de 1.080 euros o acabar con la brecha de género, lo poco que se sabe apunta a medidas que no derogarán los recortes impuestas años atrás ni reforzarán el sistema público de pensiones".

Por su parte, "el contenido de la reforma laboral es una incógnita aún mayor -han indicado-, pero nada apunta que se vaya a garantizar nuestro derecho a establecer libremente nuestros convenios en Euskal Herria ni a derogar las reformas anteriores en aspectos clave como la facilidad para despedir".

Los convocantes también han criticado el proceder de las instituciones vascas y navarras, que "no quieren ni oír hablar de cambiar el modelo en cuestiones esenciales, como la salud, la educación o el sistema público de cuidados" ni "abordar una reforma fiscal" que aumente los impuestos a las rentas más altas.

Sus políticas, según han afirmado, están "marcadas" por las patronales vasca Confebask y navarra CEN.

Por otro lado, los sindicatos han considerado que la gestión de la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19 también ha evidenciado "la fragilidad del sistema autonómico: el Estado -han señalado- tiene la potestad de imponer sus criterios cuando estime oportuno".