El partido se juega a partir de ahora en otro campo y con diferentes reglas. Tras la firma de la venta de ITP al fondo de inversión Bain se abre un periodo de algo más de nueve meses para afinar la operación y, sobre todo, encontrar nuevos socios industriales vascos o al menos del Estado. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, puso ayer martes el acento en esta cuestión.
Según indicó, el acuerdo entre Rolls Royce y Bain "es un primer paso para el devenir de la empresa y se abre un camino que tenemos que trabajar entre todos". El objetivo es "que ITP siga en Euskadi, siga con un proyecto industrial relevante, siga creciendo y, desde luego, sea un actor relevante en la industria aeroespacial del futuro". Esa es la "principal preocupación" del Gobierno vasco en esta cuestión, en la que además ha conseguido que el nuevo propietario de la compañía vizcaina se comprometa a "garantizar el empleo de las personas" que forman parte de la plantilla de la multinacional en Euskadi.
La llamada a la unidad por parte de la responsable del área industrial del Ejecutivo coincidió con una reflexión de los representantes de los trabajadores, que no se han quedado satisfechos con las explicaciones de la empresa y mostraron ayer sus recelos sobre la operación. El comité de empresa considera que existe "mucha incertidumbre" y su mayor inquietud tiene que ver la garantía del empleo. Por ello, solicitaron una reunión con los responsables actuales de ITP Aero para aclarar dudas y que les expliquen los detalles de la operación.
Fuentes consultadas de la compañía aseguraron que los sindicatos fueron informados del acuerdo con Bain el lunes antes de la firma y, aunque puedan producirse nuevas reuniones, lo cierto es que no habrá grandes novedades hasta que se cierren los flecos de la compra. Básicamente la entrada de nuevos socios industriales que garanticen el arraigo de la compañía y que no dejen exclusivamente en manos de un fondo de inversión estadounidense la gestión de una compañía que es agente activo de la industria militar en el Estado.
De modo que ahora se abren dos frentes. Uno en casa, entre la dirección y la parte social, que además deben negociar el convenio, prorrogado en enero hasta el 31 de diciembre. La otra gran tarea es encontrar socios industriales, vascos o del Estado, que se sumen a la guipuzcoana Sapa y el fondo JB Capital de la familia Botín, que tendrán una participación del 6% en la nueva compañía.
El objetivo de los gobiernos español y vasco es que un 30% del capital esté en manos de socios locales, de modo que hay que remar mucho para encontrar nuevos accionistas de aquí a junio de 2022. El Ejecutivo vasco está dispuesto a sumarse a la causa, pero la consejera de Desarrollo Económico, afirmó en los micrófonos de Radio Euskadi que es "excesivamente prematuro" cifrar una posible participación del Gobierno en ITP. La maquinaria en cualquier caso está en marcha y Tapia reiteró la importancia de "ser proactivos" y buscar socios industriales y que puedan tener capacidad de tomar decisiones a largo plazo.
Añadió que queda "mucho trabajo que realizar" con Bain Capital y "en casa" con el Instituto Vasco de Finanzas, la herramienta que posibilitaría la participación de Lakua en el capital. El proceso requiere por tanto realizar un "análisis en profundidad" y la implicación de todas las piezas del puzle. Una de ellas, los representantes de los 1.900 trabajadores de la compañía en Euskadi, está a las expectativa y no oculta su preocupación por el mantenimiento del empleo. En principio, el Gobierno vasco consiguió in extremis, la víspera de la firma, que Bain se comprometa a no despedir personal, pero los sindicatos quieren conocer los detalles de ese acuerdo.
En un comunicado, ELA exigió ayer martes "garantías de mantenimiento de empleo" y de las condiciones de trabajo de toda la plantilla al nuevo propietario de ITP Aero. "Se pasa de una multinacional industrial británica (Rolls Royce) a un fondo inversión americano (Bain), que será la auténtica dominante de ITP Aero", afirmó.
ELA añadió que se trata de una "operación societaria de grandes dimensiones", en la que el propietario saliente "aprovechó la crisis del covid para destruir más de 200 puestos de trabajo en Hego Euskal Herria, y conseguir más beneficios en esta compraventa". ELA hacía así referencia a las 121 bajas voluntarias pactadas por la compañía con CCOO y UGT en una negociación a nivel estatal y a los 83 trabajadores despedidos de PCB en Barakaldo y Sestao en un ERTE que ha sido anulado por los tribunales. El clima social está cuando menos enrarecido en ITP y la desconfianza es evidente.
Además, tampoco ayuda el perfil del nuevo propietario, un fondo de inversión que, por definición, busca la rentabilidad en un plazo de unos cinco años con la venta de la empresa. De ahí que el Gobierno vasco estudie la toma de una participación y sea un agente activo en la búsqueda de socios industriales. No se trata solo de "estar" en el consejo de administración, sino "tener capacidad de decisión" en aspectos "relevantes para el devenir de la empresa", precisó ayer martes Tapia.
"No se trata solo de estar en el consejo de ITP, sino de tener capacidad de decisión"
Consejera de Desarrollo Económico
"ITP no dudó en aprovechar una situación coyuntural del sector para destruir empleo"
Comunicado
