Tras dos aplazamientos, el juez titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Bilbao, Marcos Bermúdez, ha fijado el próximo 22 de junio como fecha para la vista en torno al blindaje anti-OPA del IMQ. El magistrado ha decidido no acumular las dos denuncias presentadas por accionistas porque estima que no se puede dilatar más el proceso y avanza con la pieza principal.

En el auto, que fue notificado ayer martes a las partes, el juez hace referencia a las "(lícitas) maniobras procesales" que han provocado dos suspensiones del juicio y muestra su intención de llegar al núcleo de la cuestión: analizar si es legal o la acción de oro que tiene el Montepío del Igualatorio, el gestor del fondo de pensiones de médicos y trabajadores, que puede vetar la entrada hostil de una compañía externa en el accionariado.

Los denunciantes, que forman parte de la plataforma de accionistas que quiere vender sus títulos al mejor postor, quieren eliminar ese cortafuegos para facilitar el aterrizaje de Adeslas, y ha sumado a la causa al actual consejo de IMQ, que en febrero, durante el primer señalamiento, llegó a allanarse, asumir que el blindaje no es legal, para acabar con el proceso.

El juez decidió seguir con la causa para determinar si el mecanismo se ajusta a la legalidad o no, pero se vio obligado a aplazar la vista a mediados de abril para valorar si sumaba una nueva denuncia al proceso. El magistrado no quiere retrasar más la vista y, aunque reconoce que las dos denuncias podrían agruparse, no lo hace precisamente para evitar que se alargue más en el tiempo el conflicto. Marcos Bermúdez señala en este sentido que quiere poner fin a la estrategia de dilatar el juicio. Los tiempos son muy importantes en este proceso y los denunciantes y la dirección del IMQ han jugado con ellos, presionando al Montepío para que convoque la asamblea de la entidad y relevar a la actual dirección con el objetivo de renunciar a la batalla judicial antes de que el magistrado emita un fallo.

Por su parte, el Montepío afirma que no se opondrá a una operación respaldada por la mayoría de los socios, pero quiere a su vez que el hipotético comprador garantice la EPSV.

Y en medio está pendiente la celebración de la junta del IMQ, a la que la dirección debe acudir con una propuesta de venta a Adeslas para su aprobación. El partido se juega en espacios muy cortos y con dos grandes bloques en busca de que prevalezca su propuesta. La Asociación en Defensa del Modelo de Igualatorio (Ademi), que quiere que los médicos conserven el control de la compañía, y la Plataforma de Accionistas (PAI) que persigue una operación con la máxima rentabilidad.