El Montepío de IMQ teme otro aplazamiento del juicio

En esa audiencia, el juez debe determinar si es legal o no el blindaje anti-OPA del accionariado del Igualatorio -el Montepío tiene en sus manos el botón rojo que activa el blindaje-, una cuestión clave para la operación de venta de acciones a Segurcaixa Adeslas.

De hecho, según informaciones que no han sido oficialmente confirmadas, la aseguradora de la Mutua Madrileña y Caixabank habría trasladado al IMQ su decisión de no presentar una oferta para la compra de acciones hasta que no exista un amplio consenso entre los accionistas en torno a la operación.

Uno de los obstáculos para ello es el escudo anti-OPA del Montepío, que siempre ha defendido que no se opondrá a una oferta respaldada por la mayoría de los accionistas siempre que se garantice que "se respeta la aportación a la EPSV".

La vista judicial por la legalidad del blindaje, que ya fue aplazada en febrero tras un acuerdo del consejo con los accionistas denunciantes que el juez rechazó, acumula ahora dos nuevos elementos de tensión. Por una parte está el cese del actual presidente del Montepío, Txema Castaños, como representante de la Asociación de Médicos en el fondo de pensiones Por otra, se ha presentado una nueva denuncia contra el escudo ante accionistas hostiles y cabe la posibilidad de que el magistrado agrupe ambas causas y se aplace de nuevo el juicio. En otro plano, un posible contacto cercano de un abogado de IMQ con un positivo por covid podría ser motivo de una petición de aplazamiento.

De modo que hoy lunes se decidirá si se celebra o no la audiencia. O lo que es lo mismo, si se entra ya a resolver la cuestión o si se retrasa el proceso, en cuyo caso el consejo ganaría tiempo en su intento de tomar el control del Montepío y poner fin a la causa judicial.

La dirección del Montepío considera que ese es el objetivo del cese de Castaños y de la presentación de la nueva demanda. Respecto a la primera cuestión, el cambio de presidencia del fondo de pensiones debe ser ratificado en asamblea y no hay fecha para su celebración. Todo ello a pesar de que el IMQ, a través de su presidenta, Beatriz Astigarraga, exigió el mes pasado la convocatoria precisamente para relevar a Txema Castaños.

Su intención era celebrar la asamblea como tarde el 8 de abril, antes del juicio de mañana. El Montepío rechazó convocar a sus accionistas debido a "defectos formales en la petición" que todavía siguen "sin subsanarse" y al "incumplimiento" de la aportación de 2020 del IMQ al fondo de pensiones.

aportación a la EPSV

Respecto a esta última cuestión, IMQ ha abonado con posterioridad 1,5 millones de euros, una cantidad inferior a la que reclama el Montepío. De modo que a día de hoy siguen sin darse las condiciones para convocar la asamblea.

La dirección actual del fondo de pensiones insiste en que "su interés" es la "defensa de los socios del Montepío, médicos y trabajadores, lo que incluye mejorar la gestión del patrimonio, asegurar las aportaciones del socio protector y abrir el Montepío a nuevos colectivos de médicos y trabajadores".

Mientras, los gestores de la EPSV analizan la propuesta de aportaciones elaborada por IMQ Seguros. En este sentido, tras reunirse con la dirección, el Montepío ha mantenido un encuentro con la comisión permanente de la Asociación de Médicos, para conocer su opinión sobre la propuesta de IMQ Seguros.

Fuentes del Montepío aseguran que los representantes de la Asociación de Médicos han acogido de forma "favorable" su propuesta de admitir en la EPSV a nuevos beneficiarios y esperan que los trabajadores y las asociaciones de accionistas "lo apoyen también".

En este sentido, el Montepío va a mantener en breve reuniones con el comité de empresa y los dos bloques de accionistas que pugnan por el control del Igualatorio. Se trata de la Asociación en Defensa del Modelo del Igualatorio (Ademi) y la Plataforma de Accionistas (PAI). El objetivo es recabar "la opinión de todos los interesados".