Un juzgado de Bilbao estima la demanda de los familiares de un tubero soldador fallecido por la exposición al amianto

ASVIAMIE dice que el fallo "pone al descubierto el desprecio" de las empresas por la prevención de las enfermedades profesionales .

27.01.2021 | 12:29
Imagen de archivo de una concentración de la asociación ASVIAMIE

El Juzgado de lo Social Nº 3 de Bilbao ha estimado "sustancialmente" la demanda de la familia de un trabajador fallecido por una enfermedad vinculada al amianto contra las empresas Izar Construcciones Navales, Eusebio Herrerias Ureta y Atefrisa en las que trabajó como tubero soldador. El fallo condena a las dos primeras al pago solidario de 149.161 euros, mientras que Atefrisa ha sido absuelta por ausencia de pruebas.

La Asociación Vasca de Víctimas del Amianto, ASVIAMIE, ha mostrado su satisfacción por una sentencia que "pone al descubierto el desprecio" mostrado durante años por las grandes empresas con la prevención de las enfermedades profesionales, como "el reiterado incumplimiento" de la ley en la prevención, frente a las sustancias cancerígenas, pese a contar con importantes Equipos Médicos y Técnicos destinados a las actividades de Seguridad e Higiene.

Según han indicado, Inocencio trabajo como tubero-soldador en Astilleros Españoles (actual Izar Construcciones Navales) a través de la subcontrata Eusebio Herrerias Ureta entre enero de 1966 y febrero de 1967 y posteriormente como trabajador de Atefrisa entre 1968 y 1971, pasando posteriormente a la plantilla del Astillero.

El empleado falleció con 74 años, en mayo de 2019 a consecuencia de un Mesotelioma Pleural y otras patologías, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció la Gran Invalidez y la pensión de viudedad por enfermedad profesional.

Pese a ello, la empresa Atefrisa alegó, han informado, falta de legitimación pasiva, dado que no consta que trabajos realizó en el astillero, ni si estuvo expuesto al amianto, mientras consta que trabajo como tubero en Eusebio Herrerias Ureta, empresa que ya fue condenada por sentencia. Por ello, la sentencia estima la falta de legitimación de Atefrisa.

Por su parte, Izar no niega, han indicado, la existencia y contacto con amianto en el Astillero, pero insiste que el fallecido padecía una pluripatología (asma, accidente cerebrovascular) y afirma no haberse acreditado que la causa de muerte fuera el mesotelioma pleural, pese a que en un informe consta como causa fundamental el mesotelioma, aunque la causa final fuera un paro cardiaco.

TABAQUISMO 

Respecto al tabaquismo como causa del agravamiento de la enfermedad que alega el astillero, la sentencia es clara e indica que el fallecido llevaba desde 1986, un total de 33 años, sin fumar, por lo que el tabaquismo no tiene ninguna incidencia en el fallecimiento.

Del mismo modo, en casos similares el Tribunal Supremo señala que "lo determinante y excluyente en este caso es que se trata de una contingencia profesional constatada, que, por si sola, posee la suficiente entidad para generar la incapacidad laboral del trabajador e incluso la muerte, a partir de lo cual resulta irrelevante que fuera asimismo fumador", así como que "queda acreditado que la empresa incumplió el deber de adoptar medidas preventivas".

Respecto a Izar, la sentencia concluye que el demandante desarrollo un Mesotelioma pleural, que causo su muerte por la exposición al amianto.

Por ello, se condena a Eusebio Herrerias Ureta e Izar Construcciones Navales al pago solidario de 20.100,13 euro a cada uno de los dos hijos,102.570,76 euros a la viuda y 6440,18 en concepto de intereses, lo que suma un total de 149.161,2 euros.

ASVIAMIE ha mostrado su satisfacción por la sentencia, que "pone al descubierto el desprecio" mostrado durante años por las grandes empresas con la prevención de las enfermedades profesionales, caso del "reiterado incumplimiento" de la ley en la prevención, frente a las sustancias cancerígenas, pese a contar con importantes Equipos Médicos y Técnicos destinados a las actividades de Seguridad e Higiene.

La Asociación considera que ha llegado la hora de que las empresas infractoras con las normas preventivas del amianto "pidan perdón" por el sufrimiento causado con sus infracciones de la legislación de Seguridad e Higiene y que abandonen la práctica de recurrir las Resoluciones del INSS o Sentencias y que impliquen con el Gobierno en la creación urgente del Fondo de Compensación para las víctimas del amianto.