Euskadi y el resto de las comunidades autónomas de la Cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria y Galicia) firmaron el martes un documento con su postura común respecto a la nueva Política Agraria Común (PAC) para el período 2023-2027 y pidieron al Gobierno central que tenga en cuenta sus peculiaridades en su diseño y aplicación.

En concreto, defienden que se reconozca el modelo de explotación familiar agraria sostenible de sus agriculturas, y muestran su preocupación por la orientación "mediterránea" del Ministerio en esta materia. La consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y los consejeros de Medio Rural de estos territorios suscribieron por vía telemática este documento conjunto.

En un comunicado, el Gobierno vasco subrayó que los territorios que conforman la Cornisa Cantábrica tienen en común unas características peculiares, como sus explotaciones, que en la mayoría de los casos son de un tamaño pequeño o mediano y carácter profesional, pero eminentemente familiar. Además, según destacó, su orientación productiva tiene mucho que ver con sectores ganaderos, algo diferente de otras zonas del Estado. Por eso, las cuatro comunidades defienden que el Plan Estratégico nacional de la PAC se apoye y reconozca ese modelo de explotación familiar agraria sostenible del norte.

En este contexto, las autonomías cantábricas exigen a Madrid, desde una posición "constructiva y leal", que tenga en cuenta esas peculiaridades y muestran su preocupación por la orientación "mediterránea que parece estar adoptando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la hora de trasladar al ámbito nacional los postulados de la nueva PAC".

La consejera de Desarrollo Económico destacó así el "compromiso y el talante" de todas las comunidades para conseguir este acuerdo, que se ve como fundamental de cara "a una unidad de acción".

Tapia manifestó que en la ayuda básica a la renta de las personas dedicadas a la agricultura y ganadería es preciso tener en cuenta que las comunidades del Cantábrico tienen un porcentaje de superficie con derechos de pago "muy inferior" al promedio español. A su juicio, este desequilibrio debe corregirse, como "paso previo a una eventual transición hacia un sistema de pago por superficie".

En el texto firmado y enviado a Madrid se considera "inaceptable" que se proponga la incorporación de las superficies de viñedo, frutas y hortalizas -hasta ahora excluidas y en las que la zona mediterránea resulta "claramente beneficiada"-, y al mismo tiempo se dificulte la entrada de superficies de otros usos o sistemas productivos como los pastos arbustivos.

Por otra parte, Tapia trasladó que, en el diseño de las ayudas a la renta, es imprescindible que se reflejen, a nivel de todo el Estado, las diferentes realidades existentes, en el plano agronómico y socioeconómico. Así, sobre el segundo pilar de la PAC (desarrollo rural), la reclamación de las autonomías cantábricas pasa por un incremento de las asignaciones de los fondos europeos de por lo menos el 5% para ellas, "habida cuenta sus necesidades".

Sectores. Con respecto a las ayudas acopladas (asociadas a los diferentes sectores), el Cantábrico cree prioritario que se mantengan para los sectores de vacuno de leche, de carne y ovino-caprino con una dotación por lo menos similar al período 2014-2020.

Límite de ayudas. Sobre el capping o límite de ayudas, el documento conjunto insiste en la necesidad de establecerlo en los 60.000 euros por explotación y además muestra su preocupación si estos mecanismos pasan a ser voluntarios para los países y no de obligado cumplimiento.