La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha dado detalles este viernes sobre el expediente sancionador abierto contra 36 empresas bilbainas del sector inmobiliario por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado vasco del alquiler, tras actuar de oficio al conocer una serie de informaciones en 2019 que incluían "indicios racionales" de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.
La presidenta de la AVC, Alba Urresola, ha comparecido esta mañana en comisión en el Parlamento Vasco para hablar del expediente incoado por "un posible acuerdo, práctica concertada o conscientemente paralela", ha recordado, para fijar los precios u otras condiciones comerciales en el alquiler de vivienda.
En respuesta a las preguntas de parlamentarios de las formaciones políticas con representación en la Cámara, Urresola ha explicado que la investigación "ha podido abarcar un número mayor" de empresas inmobiliarias, pero que "los indicios se han determinado sobre 36", todas ellas en Bilbao, y que a lo largo del proceso de instrucción "se podría incluir a nuevas partes dentro de la incoación".
Urresola ha recordado que la ley de la competencia establece que todos los expedientes se inician de oficio por parte de la autoridad, como se ha hecho en este caso, sin partir de ninguna denuncia. "En 2019 aparecen una serie de noticias que llevan a pensar que en ese mercado de la intermediación inmobiliaria puede haber una práctica concertada", ha explicado.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
La máxima responsable de la AVC también ha incidido en que se trata de un proceso administrativo, y que "las sanciones -en caso de que finalmente las haya- también son de carácter administrativo", por lo que ha rechazado las palabras del parlamentario de EH Bildu, Unai Fernández de Betoño, que se ha referido a "prácticas mafiosas" por parte de compañías con grandes parques inmobiliarios.
"Ni mafia ni actividad delictiva, hay que huir de esos calificativos. La mayoría son pequeños negocios, y por lo tanto hablar de mafia no está contextualizado. Los grandes fondos tampoco son objeto de este expediente", ha subrayado Urresola.
Por último, ha destacado que la investigación no va a "sancionar ni incidir" en el sector del alquiler, y que la resolución final del Consejo Vasco de la Competencia -que llegará en un plazo máximo de 18 meses- no redundará en el precio medio de la vivienda, "sino sobre cómo afecta al bolsillo del ciudadano".
"Regulación y defensa de la competencia son ámbitos totalmente complementarios", ha mencionado Urresola, al mismo tiempo que ha defendido que "el problema de vivienda se resuelve con políticas públicas", un terreno sobre el que no le corresponde hablar, ha concluido.
