Euskadi se está endeudando para hacer frente a los gastos extraordinarios generados por una pandemia de coronavirus que lejos de remitir ha vuelto a expandirse obligando al Ejecutivo vasco a adoptar medidas que suponen restringir ciertas actividades económicas lo que volverá a incidir negativamente en los ingresos fiscales. Por todo ello, el Gobierno vasco lanzará otros 600 millones de euros de deuda.
En concreto, el Ejecutivo liderado por el lehendakari Iñigo Urkullu comunicó su intención de efectuar una nueva emisión de deuda pública por un importe de 600 millones de euros, que se instrumentará mediante los denominados bonos verdes o bonos verdesbonos sostenibles.
¿Qué son los bonos sostenibles? Pues son aquellos que además de elevar el endeudamiento del emisor, su destino, según el compromiso de quien los lanza al mercado financiero, es ayudar a financiar actividades ligadas al medioambiente o que tengan un claro enfoque social.
En este sentido, fuentes del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco dirigido por el consejero Pedro Azpiazu afirmaron que esta emisión por importe de los citados 600 millones de euros se destinará en un 86% a financiar diferentes políticas sociales, entre las que incluyen, lógicamente, varios planes de actuación excepcionales que están relacionadas con la pandemia de coronavirus.
En concreto, parte del dinero obtenido con dicha emisión de deuda se destinará al refuerzo de las plantillas del personal sanitario, a las inversiones efectuadas en los hospitales y demás recintos sanitarios, y a la financiación de gastos de farmacia que, solamente teniendo en cuenta los miles de test realizados para seguir al virus, se han elevado sustancialmente este año.
El 14% restante de los 600 millones de euros de la emisión de bonos irá ligado a financiar políticas medioambientales vinculadas al desarrollo de las energías renovables, al transporte sostenible y a la gestión del agua, entre otras.
Según las fuentes citadas, el Gobierno vasco ha encargado a las dos principales entidades con sede en el País Vasco, Norbolsa y BBVA, que dirijan la operación de colocación de estos bonos sostenibles, en la que también participarán Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, HSBC e ING.
Todavía no hay fecha determinada para la emisión pues dependerá de la situación de los mercados financieros y del mayor o menor interés de los potenciales inversores para lo que las entidades responsables de su colocación se encargarán de testear el grado de demanda existente y a qué precio.
Este nuevo endeudamiento de Euskadi se enmarcará en los límites de deuda pactados con el Estado español en la Comisión Mixta del Concierto Económico, que revisó las condiciones previamente establecidas para 2020 como consecuencia de los efectos negativos en la economía derivados de las medidas adoptadas al declararse la pandemia. Ese nuevo margen presupuestario pactado con Madrid permite al Gobierno vasco aumentar su endeudamiento neto este año -emisiones nuevas menos la amortización de otras antiguas- por un importe máximo de hasta 1.374 millones de euros.
Se trata de la cuarta emisión de bonos sostenibles del Gobierno vasco y la segunda que se lanzará este año tras la de marzo, de 500 millones y cuya demanda fue más de 7 veces superior a la oferta, concretamente de 3.521 millones de euros, con 120 inversores de 17 países.
La primera emisión del Bono Sostenible Euskadi se efectuó en 2018 y desde entonces se ha emitido deuda de este tipo por un importe global de 2.200 millones de euros.
La deuda se eleva
A finales de año la deuda viva del Ejecutivo vasco podría alcanzar la cifra de 10.832 millones de euros, lo que supondría el 16,3% del PIB de la CAV.
Para hacerse una idea del endeudamiento del Gobierno vasco en los últimos años hay que tener en cuenta que en 2007 antes de la anterior crisis, la buena marcha de la economía y la rigurosa gestión del equipo económico de la entonces vicelehendakari Idoia Zenarrutzabeitia dejó a Euskadi con un endeudamiento de apenas el 1% del PIB de la CAV, con unos 642 millones de euros.
Con la crisis, en 2010 había subido a más de 5.070 millones de euros y siguió progresivamente al alza hasta 2017 con unos 10.149 millones de euros, el equivalente al 14,6% del PIB. En los dos últimos años, ya se había conseguido cambiar la tendencia que ahora ha roto el covid.
