La compañía eléctrica vasca Iberdrola ha puesto sobre la mesa con motivo del inicio de las negociaciones de un nuevo convenio colectivo una propuesta de ajuste laboral en el Estado español que afectaría al 15% de la plantilla en el territorio, unos 1.450 trabajadores, así como un serie de recortes en las prestaciones en especie que perciben los empleados como la electricidad doméstica.
Dicho así, tal y como señalan los sindicatos, no es fácil de entender que una compañía que está en máximos históricos de beneficios y bien posicionada de cara a la transición energética en curso por su apuesta por las energías renovables, que son el futuro, plantee cerca de 1.500 despidos aunque fuesen bajo el eufemismo de “no traumáticos”. “Sería inadmisible”, señalan fuentes de ELA, el sindicato con más delegados en los centros de trabajo de Iberdrola en el País Vasco.
Por ello, el planteamiento de la compañía presidida por Ignacio Galán puede tener mucho que ver con la partida de póquer que juega la dirección frente a la representación de los trabajadores que, en su plataforma reivindicativa piden alzas salariales de entre el 1,5% y 3,7%, así como otras mejoras en jornada laboral, aportaciones a planes de pensiones, antigüedad, etc.
ELECTRICIDAD
El otro escenario que justificaría una medida de este calibre es que Iberdrola no vea claro el horizonte económico en España en los próximos años. No hay que olvidar que de la mano de la crisis la demanda eléctrica caía en septiembre en torno a un 5% pese a recuperarse, según datos de REE, desde el recorte del 13% durante el confinamiento.
Además, hay que tener en cuenta que el autoconsumo eléctrico solar va a seguir creciendo arrastrando los precios de la luz a la baja, y que la morosidad, a la vista de la situación de numerosos negocios, se va a incrementar notablemente, al igual que el número de empresas con contratos de suministro firmados que, según vayan venciendo, negociarán tarifas más reducidas.
En todo caso, el ajuste laboral, de prosperar, tendría un impacto económico limitado, según analistas del Sabadell, de menos del 1% del resultados bruto o Ebitda. A esa partida habría que sumarle la correspondiente a recortar el pago en especie a los empleados, la luz, ya que Iberdrola quiere abonar solo 6.300 kwh anuales.
Los sindicatos, a la vista de la buena marcha de la compañía -tal y cómo se refleja en resultados, en valoración bursátil y en bonus por objetivos de la cúpula-, han puesto encima de la mesa peticiones de subidas salariales de entre el +1,5% y el +3,7%, un aumento adicional ligado a resultados de entre el +1,5% y el +3,25 %, una reducción de la jornada laboral, una nueva paga por antigüedad, un plan de pensiones con aportación de la empresa al 100% para todos los empleados, y la extensión de la póliza sanitaria a los familiares de los empleados.
En la actualidad, Iberdrola concentra en el Estado español, el 30% de la plantilla total del grupo. En concreto, unos 9.500 trabajadores, de ellos cerca de 2.000 en el País Vasco. En el caso de precisar un recorte mayor, los sindicatos reconocen que hay un colectivo de más 3.300 trabajadores con más de 51 años de edad, por lo que la compañía podría ofrecer prejubilaciones a lo largo de los cuatro años de vigencia de los convenios que se suelen firmar.
PREJUBILACIONES
En los últimos acuerdos de prejubilación de trabajadores de Iberdrola para ajustar la plantilla y/o para dejar sitio a gente más joven, en algunos casos, con perfiles profesionales distintos a los salientes, abordados, la compañía ha garantizado la percepción de hasta el 85% de los salarios hasta el momento de la jubilación efectiva.
En todo caso, los sindicatos no entienden qué ha cambiado en Iberdrola cuando al presentar los resultados del primer semestre (1.845 millones de beneficio pese a los efectos del confinamiento) se auguraban aumentos de las ganancias del 5% para este año, así como generación de empleo para que ahora se ponga sobre la mesa un ajuste de plantilla, destaca ELA que pide un convenio de ámbito vasco.
