Gobierno central, sindicatos y empresarios no lograron ayer un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre a pesar de que se esperaba que consiguieran cerrarlo para su aprobación hoy en un consejo de ministros extraordinario, informaron a Europa Press en fuentes de la negociación. No obstante, tanto fuentes del Gobierno como de los sindicatos, aseguraron que se han conseguido “importantes avances” y que el Ejecutivo remitirá a los agentes sociales un nuevo documento para continuar negociando “en los próximos días”.

La reunión de ayer fue maratoniana: arrancó poco antes del mediodía y finalizó al filo de las 20.00 horas sin que las partes continúen sin conseguir superar los dos obstáculos que les separan de un pacto que dé continuidad a los ERTE a partir del 1 de octubre.

Así, a falta de menos de una semana para que la regulación actual de los ERTE asociados al covid finalice su vigencia, la negociación sigue “atascada” en la definición de los sectores donde focalizar los ERTE y en las exoneraciones de cuotas empresariales.

En este sentido, fuentes empresariales indicaron que mientras no se dé cabida en los ERTE a todas las empresas y trabajadores no habrá acuerdo con el Gobierno. En este sentido, recordaron que en Alemania se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021 para todos los sectores y con una exoneración en la cotizaciones sociales del 100%.

No obstante, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había avanzado por la mañana que sí se habían conseguido zanjar con los agentes sociales algunos temas relacionados con la protección social asociada a los ERTE.

Así, Díaz anunció que se elevará el contador a cero y se aplicará durante todo 2021; se mantendrá la prestación de los trabajadores en ERTE en el 70% de la base reguladora aunque transcurran seis meses (antes bajaba al 50% a los seis meses de percibo), y se introduciría una prestación para trabajadores fijos-discontinuos por la mala temporada turística.

La ministra insistió en que el Gobierno quiere proteger a todas las empresas que lo necesiten, no sólo del sector turístico, sino también las que dependen de él o están vinculadas a esta actividad de alguna manera. Sin embargo, reconoció que ésta es una tarea compleja, que iba a dificultar la negociación, como así está siendo. Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo que “no puede haber café para todos”, ya que todas las empresas no se han visto afectadas por la pandemia con la misma intensidad.