"Después de un invierno malo, una mala primavera" canta Fito en su Soldadito Marinero, y algo parecido acontece con la construcción vasca. Después de capear una durísima crisis durante la pasada década, y cuando se comenzaba a recuperar actividad y empleo de forma consistente, esta pandemia primaveral amenaza con echar al traste la recuperación. Según el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi- Bieba), Alex Bidetxea, "tras la pasada crisis, hemos sido el último sector de peso relevante que se ha incorporado a la ola de la recuperación económica, hace apenas dos años. Las empresas del sector no han tenido tiempo suficiente para fortalecerse y reforzarse adecuadamente para afrontar una nueva crisis de calado". En este contexto, a su modo de ver, "el riesgo de que se destruya una parte significativa del tejido empresarial vasco de la onstrucción es elevado".

¿Qué peso tienen la construcción y la promoción inmobiliaria en Euskadi?

—Considerando todos los subsectores: obra pública y privada, edificación residencial e industrial y rehabilitación suponemos un 7% del PIB vasco y empleamos a alrededor de 50.000 personas. Un sector donde dominan las pymes. En paralelo hay que tener en cuenta que de la inversión en obra se beneficia al instante el empleo y se produce un retorno económico inmediato en el entorno, ya que hace de tractor de otros muchos sectores.

¿Qué impacto está teniendo en el sector la actual crisis sanitaria?

—Indudablemente, un impacto negativo, como no podía ser de otro modo viendo el alcance global de la pandemia y las consecuencias de parada de la actividad económica que está generando. Tenemos un impacto directo e inmediato producto del confinamiento y posterior "hibernación" de dos semanas decretada para las actividades no esenciales y que ha supuesto la paralización casi total del sector.

¿A partir de ahí se ha ido reiniciando la actividad?

—Con el final de este periodo hemos reiniciado la actividad de forma escalonada, aunque la rehabilitación y las reformas domésticas se han visto seriamente afectadas por la orden ministerial publicada a última hora, que impedía trabajar en los edificios residenciales cuando se hace un uso no sectorizado de zonas comunes con los residentes. El resto ha retomado la actividad de manera gradual, aplicando medidas y protocolos de actuación que eviten el contagio y propagación del virus en las obras.

¿Es el único impacto previsto?

—No, puede haber otros impactos, menos inmediatos, pero preocupantes a medio y largo plazo, provocados, por ejemplo, por la paralización de la tramitación administrativa de las licitaciones públicas durante el estado de alarma o la paralización de la inversión pública y privada previstas.

¿Tan importante es no paralizar la licitación de las obras?

—Con la declaración del estado de alarma se han suspendido los trámites administrativos, y entre ellos, los relacionados con la obra pública. Creo que con los medios telemáticos que contamos y que se recomiendan desde diferentes ámbitos, que se paralice la actividad administrativa en el ámbito de la obra pública no es lo adecuado. Ya se ha perdido un mes de tramitaciones y no se ha reaccionado aún. Una empresa con cartera de pedidos, con adjudicaciones en este caso, siempre será mas solvente de cara al incierto futuro.

Volviendo a la inversión pública, ¿cree que hay riesgo de que se paralice o disminuya significativamente?

—En la pasada crisis eso sucedió, espero que en esta no se vuelva a tropezar en la misma piedra. Parto de la base de que la Administración ejecuta la obra pública que la sociedad necesita y demanda; ya sea un hospital, un puente, un colector de saneamiento, el encauzamiento de un rio, una carretera o unas viviendas. En un momento de destrucción de empleo como el actual, los poderes públicos, en muchos casos con unas cuentas saneadas, deben reinvertir en función de las necesidades sociales y utilizar palancas como el bono consumo, la construcción, etc., para generar empleo y actividad económica; en definitiva, que los proyectos previstos puedan reportar esa inversión con empleo y su uso público.

¿Cómo se puede direccionar ese estímulo económico que necesita el sector?

—Creo que es fundamental que no se paralice la inversión en obra pública prevista a corto y medio plazo. Un calendario de adelanto de inversiones futuras sería nuestro "plan renove" para aguantar el empleo. Además de su función de "promotora de obras", la Administración tiene una responsabilidad en el estímulo de la actividad económica, especialmente a contra ciclo y con la obra pública aúna ambas facetas. Afortunadamente creo que las administraciones vascas, en general, tienen clara esta disyuntiva.

¿Cuál es la necesidad en un futuro próximo?

—La construcción tiene un efecto tractor elevado en el entorno económico más próximo y es un gran generador de empleo, y esto es lo que vamos a necesitar todos en el futuro cercano: fortalecer el tejido productivo vasco y crear empleo. Además, dar confianza y apoyo a la industria también beneficia indirectamente a nuestro sector, porque permite que mantenga su esfuerzo inversor en infraestructuras y equipamientos.

¿Cómo puede verse afectada la promoción inmobiliaria en esta coyuntura?

—La promoción inmobiliaria es muy sensible al devenir económico en general y, por tanto, si la crisis se profundiza se verá afectada. Actualmente, en el País Vasco, la producción de vivienda es baja, inferior a dos viviendas anuales por cada mil habitantes. No hay sobre oferta ni burbuja de precio alguna y, por tanto, puede ser utilizada como una palanca más que ayude a la reactivación general.

En esa situación, ¿qué reclaman las asociaciones?

—Desde las asociaciones solicitamos más agilidad administrativa, celeridad en la tramitación de licencias y permisos. No es de recibo que los procedimientos, ya de por sí numerosos, se dilaten en el tiempo. Es una cuestión de asignación de recursos suficientes a la tarea. Por su parte, la promoción de vivienda de protección oficial para su venta debe ser atractiva para la iniciativa privada y para ello deberían incrementarse los precios máximos de la VPO que llevan congelados diez años o ampliar el rango de ingreso de los solicitantes. Alguna de estas medidas me consta que está siendo estudiada, pero deben ser aplicadas con celeridad. No hacer nada no puede ser la opción. La mala gestión de la crisis anterior debe servir de lección.

¿Podría detallar en qué consisten estas medidas dirigidas la promoción inmobiliaria?

—Una vivienda VPO tiene un precio de venta medio de 160.000 euros y el principal requisito para acceder a ella es que la unidad familiar no tenga una renta superior a 39.000 euros anuales. Subir el precio de venta un 10%, hasta 176.000 euros, hace que las operaciones sean más viables. Además, aumentar el requisito de acceso hasta 50.000 euros de renta anual hace que se amplíe el abanico de posibles compradores para acceder a una vivienda más económica, ya que actualmente se queda fuera mucha gente obligada a saltar a las tasadas o libres. Con este precio, la hipoteca de una familia es muy inferior al alquiler medio.

La subcontratación tiene un peso específico importante en este sector. ¿Cómo puede afrontar este desafío?

—Si, es muy importante, y para ella es fundamental que se cumpla la ley de pagos y morosidad. Es la mejor financiación para las empresas de ese perfil.

Se muestra preocupado, pero también confiado en sortear las incertidumbres del momento€

—Principalmente mi mayor preocupación reside en las personas que lo están pasando realmente mal y a los que les mando un mensaje de ánimo. La construcción es básicamente un sector de pioneros, con un gran espíritu de lucha ante la adversidad, que últimamente ha sido mucha. Esta crisis nos pilla entrenados para afrontar, en la medida de nuestras posibilidades, los retos venideros.