Exhaló su último aliento a finales de 2011, pero su cadáver aun se pasea por los tribunales. La histórica Babcock Wilcox, la Balco, que llegó a contar con 5.000 trabajadores en la década de 1970, es hoy en día un gran solar lleno de escombros entre Sestao y Trapagaran en el que empiezan a brotar almacenes de multinacionales del sector comercial. Tras casi un siglo de vida, un rápido y polémico declive generó una oleada de demandas de trabajadores despedidos que se van resolviendo muchos años después. Esta misma semana, María España ha llamado a varios de los 116 compañeros que le han acompañado en un eterno proceso judicial para comunicarles que el Supremo al fin les ha dado la razón y que podrán recuperar un puesto de trabajo en una empresa estatal. “No me jodas, pero si ya estoy jubilado”, ha sido la reacción de más de uno.
El asunto recuerda a lo que ocurrió con los llamados zombis de la Balco, un grupo de 250 prejubilados que, tras la anulación judicial de su ERE en 2011, a pocos meses del cierre definitivo, tuvieron que presentarse una mañana en la fábrica para volver a trabajar. Ninguno de ellos llegó a ponerse el buzo de trabajo -la empresa solventó la papeleta con un nuevo despido general, aunque una treintena de afectados aún pelean su caso en los tribunales- pero la rocambolesca escena ponía en evidencia hasta qué punto los últimos años de la compañía estuvieron marcados por las irregularidades.
“Aquí metió el cazo todo pichichi, desde Aznar hasta los sindicatos CC.OO. y UGT”, dice María España, que a sus 54 años celebra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza definitivamente los recursos de la Sepi -la sociedad industrial del Estado español a la que pertenecía Babcock cuando fue vendida en 2001- y le reconoce un puesto de trabajo bajo el paraguas de la administración.
Se ratifica así la tesis defendida por el abogado Luis Carlos Gil Acasuso, que entiende que nunca llegó a producirse una privatización real. Pese a la entrada primero de la alemana Borsig y luego de la austriaca ATB en realidad seguía siendo la antigua Babcock Wilcox, es decir, la Sepi y en última instancia el Estado, la que movía los hilos de la empresa. Dado que la fábrica nunca llegó a volar sola sus trabajadores no debieron perder su lazo con el Estado.
Este ha sido el argumento de la demanda que estos 117 trabajadores interpusieron en 2006 y que llega a puerto trece años más tarde. Además, Gil Acasuso tiene abiertos otros procesos similares para otros 57 exempleados más, con lo que el número total de personas con derecho a recolocación en una empresa de la Sepi ascenderá probablemente a 174. El Estado deberá afrontar además el resto de cargas añadidas como salarios y cotizaciones sociales atrasadas y, si opta por rescindir los contratos, las correspondientes indemnizaciones. La factura, aún sin cuantificar, será millonaria.
un caso único Gil Acasuso aclara que deberá ser el juzgado de lo Social de Bilbao, es decir, el asunto vuelve hacia abajo haciendo el recorrido judicial a la inversa, el que decida cómo se ejecuta la orden del Supremo. El letrado de Barakaldo tiene claro que el caso de estas personas es único en el Estado español, tanto por lo tarde que llega la sentencia como por la situación de desaparición de la empresa en la que trabajaban. La mitad de este grupo de 117 demandantes, algo más de 60, están cobrando una pensión de jubilación. Hay casos de personas incapacitadas, incluso cinco fallecidos.
“Es una situación totalmente nueva, es una incógnita lo que puede decidir el juez. Podría ocurrir que fije una salida imaginativa para ahorrar cargas a la Sepi, claro”, explora el abogado, que no quiere avanzar acontecimientos y mantiene su intención de hacer cumplir lo dictado por el Supremo, es decir, que todos ellos puedan reincorporarse en la plantilla de la Sepi -este grupo aun controla firmas de peso como Navantia o Correos-.
Las razones jurídicas que sustentan el fallo del Supremo respaldan la sensación de que todo falló en el trasvase de la empresa de manos del Estado a manos privadas. “No hubo privatización, fue una simulación. Babcock Wilcox y la Sepi siguieron gobernando a los alemanes y luego a los austriacos. Buscaban empresas de paja, cuanto más lejos mejor. Todo fue un fraude”, expone el abogado. “Cuando se acababa el dinero de las ayudas públicas hacían otro ERE y se pedía más dinero. No hubo ningún control sobre eso”.
“Como la gürtel” “Lo que ha habido es un desfalco terrible. Un escándalo del nivel de la Gürtel o los ERE de Andalucía”, se reafirma María España, que en su última fase en la empresa fue la secretaria de la dirección y testigo “del despropósito” que se vivió en las oficinas de Trapagaran en aquella época. “La venta a los austriacos fue el acabose. Los directivos venían aquí a pasar el tiempo con unos sueldazos con el único objetivo de llegar a la fecha indicada para cerrar”, afirma.
Fernando Loizaga, jefe de Ingeniería, asegura que “era más que evidente que la privatización iba a ser fallida”. “No hubo gestión, más allá de la ingeniería financiera para rapiñar ayudas del Estado español y de Europa. La Sepi se limitaba a cerrar los ojos y dejar hacer. La hoja de ruta era deshacerse de Babcock de cualquier modo”, dice Loizaga. “Todos son culpables: los partidos, los sindicatos, el Gobierno español, el Gobierno vasco, las direcciones... no vigilaron para que se justificara cada euro gastado en reflotar la empresa, no hubo control”, incide.
El jefe de Finanzas Javier Villamor transmite una escena “muy descriptiva” sobre lo que fue la venta de Babcock a Borsig. “Con las maletas en los coches de la empresa, el director financiero alemán entra en mi despacho y me exige que le firme unos cheques de fondos de la compañía para huir por la frontera. Huyen con el dinero prestado a la matriz, con los coches de la empresa y con los cheques”, cuenta Villamor, que mantuvo una relación muy tensa tanto con esa dirección como con los directivos austriacos, lo que le acabó costando el despido. “La película de Torrente la podrían haber rodado esos años en las oficinas de Babcock”, ironiza María España.
