BILBAO. Avanzan las fechas y, con las navidades de por medio, la huelga general del 30 de enero está cada vez más cerca. La convocatoria, surgida inicialmente desde el colectivo de pensionistas, aunque la ha formalizado la mayoría sindical que lideran ELA y LAB, se ha convertido en un motivo de fricción dentro del propio movimiento. Un grupo de pensionistas se ha movilizado públicamente para criticar la huelga bajo el argumento de que es demasiado pronto para lanzar un órdago de esa magnitud a un posible nuevo Gobierno español de PSOE y Podemos. Si el nuevo Ejecutivo da respuesta a las principales demandas del colectivo, señala Luis Alejos, “la huelga no tendría ningún sentido”.
La proximidad de algunos de los portavoces de los pensionistas vascos a distintos partidos políticos -el propio Alejos ha ocupado un puesto de relevancia en anteriores ejecutivas de Podemos en Euskadi- fuerza posiciones divergentes en relación a la huelga general. El hecho es que una movilización de la envergadura de una huelga como la del 30 de enero, en la que además se pretenden hacer coincidir reivindicaciones laborales con otras sociales como las pensiones, las ayudas o la educación y la sanidad públicas, deja en una situación comprometida a las formaciones que ocupan las instituciones.
“¿Qué pasa si el nuevo gobierno acaba con el 0,25% y blinda la subida con el IPC? ¿No le vamos a dar una tregua? Eso no se ha hecho con ningún otro gobierno antes”, dice Alejos, que ayer defendió esta postura en la concentración del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ante el ayuntamiento de Bilbao. Es un argumento similar al que han esgrimido los sindicatos CC.OO. y UGT de Euskadi para no sumarse a la protesta del 30 de enero. Para Alejos, la convocatoria de huelga está sostenida “solo por 3 miembros de Pentsionistak Martxan” -agrupación cercana a la Izquierda Abertzale-. “Pedimos la vuelta al consenso”.
Este grupo, que la semana pasada se desmarcaba públicamente de la huelga arropado por diversas asociaciones de jubilados, deja claro que “no vamos a boicotear” la movilización, pero confía en que “los acontecimientos políticos” -en referencia a las concesiones del futuro gobierno español- fuercen un cambio de posición entre quienes sí se han adherido a la misma.
En sentido contrario, los portavoces del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia Jon Fano y Andrea Uña defendieron la huelga y el “respaldo mayoritario” con que cuenta dentro del colectivo, demandando a la otra parte “una reflexión” y un cambio de enfoque. Uña recuerda que el realizar una movilización más amplia con trabajadores, jóvenes y colectivos sociales es una idea que se lleva trabajando meses, y que de hecho inicialmente se iba a llevar a cabo el pasado 14 de noviembre.
“Ningún interés político”
“Hemos hecho reuniones con todos los sindicatos y más de cien colectivos sociales. Quien no quiera hacer huelga está en su derecho, pero que no distorsione la realidad”, reclama Uña, y niega que la convocatoria responda al interés “de ninguna plataforma concreta”. “No tenemos ningún interés ni político ni sindical. Ha habido sindicatos que han asumido nuestras reivindicaciones y vamos de la mano con ellos ese día, pero nada más”.
¿Qué ocurre si el nuevo gobierno efectivamente cumple con lo que piden los pensionistas? “Bueno, ojalá sea así, la verdad es que no nos lo hemos planteado. En ese caso tendríamos que celebrar asambleas y valorar la situación”, señala Uña, que remarca que “el movimiento es plural y las decisiones se toman por mayoría”. “Creo que después de 14 manifestaciones masivas, una de ellas histórica con 135.000 personas, queda claro que tenemos un amplio respaldo detrás y que mal no lo estamos haciendo”, valora la portavoz, y recuerda una de las consignas más coreadas por los pensionistas desde que salieron a la calle por primera vez: “Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”.
