Entre los retos de verdadero calado que debemos abordar como sociedad, uno de ellos es el de asegurar el sistema de pensiones. Proveer de unos ingresos dignos a nuestros mayores “retirados” (suena gracioso teniendo en cuenta lo esencial de su función en las familias y en la sociedad) es una deuda social que no podemos eludir. Desgraciadamente, la cuestión funciona más como una patata caliente de “patadón y para adelante”, y nadie se atreve a poner el cascabel al gato (el pacto de Toledo, en standby).
Como todo problema de calado, lo que toca en primera lugar es ser conscientes de su alcance, para posteriormente escurrir meninges y buscar y analizar las implicaciones de distintas soluciones. Pero mucho me temo que aquí va a tener que hacer sacrificios hasta el tato. Veamos.
Si nos remitimos a los datos, el sistema público de pensiones está más que quebrado. La deuda pública de la seguridad social el pasado mes de Agosto se situó en 51.193 millones de euros. Sólo el año pasado la deuda se incrementó en 16.330 millones de euros, siendo más que probable que el próximo supere los 60.000 millones.
Si miramos a otros países de al lado, es cierto que por ejemplo España gasta el 10,5% del PIB en pensiones y Francia gasta el 15,1%. Pero también que la diferencia de pensión media con respecto al salario medio en España es menor que en Francia, por tanto el porcentaje inicial tampoco sirve de mucho. En este sentido, la pensión inicial en España corresponde a un 82,2% del último salario, mientras que en la OCDE este porcentaje se sitúa en un 55,2%.
El número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión de jubilación son los últimos 21 (últimos 25 desde el año 2022), mientras que la mayoría de los países consideran toda la vida laboral. La edad efectiva de salida del mercado de trabajo es España (62,2años) es baja en relación con la media de la OCDE (64,6) a pesar de una edad legal de jubilación que se sitúa por encima de la media (65 años en 2011, 67 en 2027 vs 64 en la OCDE).
Haciendo un cálculo sencillo, si una persona cotiza desde los 25 a los 65 años (40 años) pagando un 40% del salario a la seguridad social ininterrumpidamente (que en la práctica es inverosímil) nos quedamos con una cotización equivalente +- a 15 años de pensión. Considerando los tipos de interés al 0% (que es mucho considerar), esa persona se ha pagado su pensión desde los 65 a los 81 años, ni un mes más. Si a eso le sumamos que la proyección para el año 2022 augura que por cada diez personas en edad de trabajar habrá alrededor de 6 inactivas (retiradas o menores de 16), las cuentas hacen aguas por todos los lados.
Según cálculos del banco de España, solo con la revalorización de las pensiones al IPC (qué menos que eso digo yo), en el año 2050 el gasto en pensiones será superior en 3,5% del PIB, es decir, más de 40.000 millones de euros (tener en cuenta que en el 2018 España recaudó en concepto de IVA +-68.000 ), y el INE apunta que de aquí a 2060 el porcentaje de incremento del gasto puede variar entre un 9,9% y un 14,7%.
Señoras y señores, los milagros no existen. Es evidente que es conveniente aumentar los ingresos públicos para poder pagar las pensiones, y aumentar los ingresos cuando el agujero ronda los 60.000 millones no es moco de pavo. ¿Y qué se puede hacer? Pues empezar a instaurar un conjunto de medidas en múltiples frentes. Muchas de ellas dolorosas, porque con las típicas generalidades de muchos programas políticos (aquí no se libra ni Dios) no llegamos ni para pipas. Que por poner ejemplos no sea, a ver cómo suenan: Combatir la evasión fiscal. La economía sumergida en España se estima en aproximadamente 80.000 millones de euros. En el hipotético caso de que la totalidad de esa economía se volviera al curso legal, si le aplicáramos un gravamen medio del 15/20%, no se recaudarían más de 12.000 millones más, por tanto con tiento. Establecer mecanismos supranacionales para eliminar paraísos fiscales y que las empresas multinacionales tributen en el régimen del país donde vendan sus productos será una pelea que de una santa vez habrá que tener. Pagar las pensiones contributivas desde los presupuestos generales, atraer de forma decidida inversión extranjera para generar más riqueza, así como dar la vuelta a la curva demográfica incrementando la inmigración y la tasa de natalidad. Incrementar la presión fiscal (en Dinamarca hay un tipo único del IVA del 25% por ejemplo, o a determinados productos por su impacto medioambiental o en la salud). Implementar un equivalente a la contribución social generalizada como en Francia, lo que viene a ser un impuesto añadido del 10% en todas las nóminas y un 6,4% en todas las pensiones (esto iba a doler, y mucho). Incrementar impuestos a las empresas y/o eliminar bonificaciones a las mismas (muy bueno para atraer inversión extranjera). Elevar la edad de jubilación u ofrecer beneficios fiscales para personas con trabajos donde trabajar a partir de los 65 resulte factible o de interés para las personas. Diluir el cálculo de pensiones echando unos cuantos años más para atrás. Pero sobre todo, ser capaces de generar empleo y empresas competitivas de calidad.
Es cierto que muchas de estas medidas son dolorosas, y cada una de ellas requiere un análisis serio y riguroso de sus implicaciones. Lo que no es responsable es anunciar a bombo y platillo en los discursos políticos que se van a incrementar los ingresos o se va a pagar lo que no se puede sin fundamento alguno. Aquí los números no engañan, y va a ser imposible financiar más de un 12% de incremento de PIB en materia de pensiones sin coser a impuestos no solo a los que más tienen, sino al conjunto de la población, a no ser que seamos capaces de generar actividad económica continuada y de calidad. A buscar e implantar soluciones toca.
Podríamos hablar del coste de la corrupción, o de los aprox. 45.300 millones no devueltos del rescate bancario (cajas públicas en la mayor parte) que, a mi juicio, deberían haber asumido los acreedores de las cajas y no los contribuyentes, pero este es otro tema.
