BILBAO. Los trabajadores de La Naval han celebrado hoy una asamblea en Sestao y posteriormente una manifestación en Bilbao, desde la subdelegación del Gobierno de España hasta las oficinas del Gobierno vasco en la plaza Bizkaia.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, que lleva el proceso de liquidación de La Naval, ha comunicado el auto de extinción de los contratos de los 173 empleados de La Naval, de los que 150 tienen garantías de empleo para ser recolocados en el grupo público Navantia.
En cuanto reciban la notificación del despido, los sindicatos tienen 5 días para comunicar al juez concursal la decisión de recurrir y después un plazo de días hábiles para presentar la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
"La judicialización no es un capricho, es un arma que tenemos los trabajadores para defender al astillero. Si no vemos ningún gesto lo vamos a judicicializar sí o sí, luego hay plazo para quitarlo en cualquier momento. Si nos sentamos a dialogar con inversores y gobiernos en un minuto se puede desjudicializar", ha declarado Llordén a los periodistas.
El dirigente del sindicato CAT ha explicado que ese recurso es un "as en la manga", por el que renunciaron a negociar una mayor indemnización por despido, para evitar que un inversor se haga con el astillero sin trabajadores para contratar a quienes quiera y en unas condiciones laborales peores.
"Es un as en la manga ante un posible inversor y los dos gobiernos para que tengan que hablar con la plantilla. No vamos a permitir que venga un inversor y haga lo que quiera, que nos pueda contratar a parte de la plantilla, pocos o muchos, pero en sus condiciones cuando nos hemos ganado un convenio justo con muchos años de pelea", ha dicho Llordén.
En su opinión, "no tiene por qué ser más difícil" salvar el astillero por recurrir los despidos, como sostiene el Gobierno Vasco, porque "cualquiera puede comprar o alquilar" La Naval con una oferta ante la jueza concursal.
Ha insistido en que la solución pasa porque los gobiernos vasco y central compren el astillero y acabar en los próximos veinte meses la draga que está a medio construir, plazo en el que se elaboraría una plan de viabilidad.
"El problema es el cierre por responsabilidad total del Gobierno vasco y el Gobierno central; será un asesinato industrial. Los gobiernos están para crear empleo, no para destruirlo como en este caso con 4.000 empleos en la Margen Izquierda", ha añadido.
Durante la manifestación, los trabajadores de La Naval han marchado con una pancarta con los lemas "La Naval ez itxi. Gobierno Central-Vasco negociación. Por el empleo en Ezkerraldea" y han mostrado carteles como "La Naval resiste" ilustrado con una foto del libro autobiográfico de Pedro Sánchez "Manual de resistencia".
Han coreado consignas como "Europa lo permite pero Tapia no lo admite", "Para qué quiero un inversor si me mandas a Ferrol", "Para Europa es legal que se compre La Naval", "lehendakari vete tú a Cádiz" o el clásico "Obrero despedido, patrón colgado".
El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, presente en la marcha, ha censurado que el Gobierno vasco "se ha lavado las manos y ha dejado el futuro de La Naval en manos de las leyes de mercado" pese a que todos los grupos del Parlamento apoyaron una declaración instando al Ejecutivo a actuar para salvar la empresa.
Por su parte, la parlamentaria de Elkarrrekin Podemos Tinixara Guanche ha criticado que PNV y PSE-EE se han "sentado a mirar, como si fuera la crónica de una muerte anunciada" y han abandonado a una comarca ya "castigada" como Ezkerraldea. "PNV y PSE, uno cierra la persiana y el otro pone el candado", ha afirmado.
