bilbao - La reanudación del diálogo social, una vez más marcado por la ausencia y las críticas de ELA y LAB, sirvió para definir cuáles serán los principales asuntos a abordar de forma más urgente. Habrá cinco ejes básicos: la igualdad salarial y en el resto de condiciones entre hombres y mujeres, la temporalidad y la precariedad del empleo, la salud y la seguridad laboral, la formación de trabajadores y la competitividad de las empresas con especial incidencia en la industria.
El tiempo dirá si la patronal vasca y los sindicatos CC.OO. y UGT logran un mínimo común en materias tan amplias y a priori sujetas a enfoques tan dispares como la calidad de las nuevas contrataciones o la sostenibilidad de las empresas. Lo que ayer quedó claro es que el nuevo sistema de diálogo social, que viene respaldado por el decreto para su institucionalización aprobado por el Gobierno vasco en enero, arranca con objetivos ambiciosos. En la reunión de ayer estuvieron presentes por parte del Ejecutivo cuatro consejeras -María Jesús San José, de Trabajo, Beatriz Artolazabal, de Empleo, Arantxa Tapia, de Desarrollo Económico, y Cristina Uriarte, de Educación-, lo que confirma que se mantiene la intención de las tres partes de dotar a la mesa de una dimensión global. También estuvo la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, como muestra de la relevancia que tiene el objetivo de atajar al brecha salarial y el resto de desequilibrios laborales entre hombres y mujeres.
Esta será una de las principales aspiraciones de esta etapa de diálogo social, que se va a estructurar en cinco grupos de trabajo. El primero, el referente a la igualdad entre hombres y mujeres, estará encabezado por la propia dirección de Emakunde mientras que en el resto asumen las riendas las respectivas consejerías: Trabajo en el caso de la salud laboral -Osalan pertenece a este departamento-, Empleo para la mejora de la calidad de la contratación, Educación para la formación profesional y Desarrollo Económico para el impulso de la industria y la competitividad de las empresas.
En principio se acuerda una hoja de ruta para 2019, por lo que se entiende que el interés de las tres partes es sacar adelante medidas concretas ya a lo largo de este año. Algunos de estos cinco ejes de trabajo ya habían sido adelantados por algunos agentes, fruto de la dimensión social que han cobrado en los últimos años problemas como la desigualdad de género, la precariedad laboral de los jóvenes o el incremento de los accidentes laborales. Otras cuestiones responden a la propia filosofía del nuevo órgano permanente de diálogo social, que aspira a incidir en materias como la política industrial o la formación y el reciclaje de trabajadores para facilitar el camino desde sectores en dificultades hacia actividades con futuro.
No son cuestiones nuevas, de hecho casi todas han sido ya abordadas de una u otra forma por Gobierno vasco, patronal y sindicatos. En el apartado de la igualdad, el departamento de Trabajo ha aprobado para este año un plan de inspecciones en las empresas a fin de detectar casos de discriminación salarial. Se calcula que las mujeres ganan en Euskadi de media unos 7.500 euros menos al año que los hombres.
También la cuestión del empleo ha estado en la mesa en anteriores ciclos tripartitos. En este sentido, Gobierno y Confebask se comprometieron a trasladar a los sindicatos el acuerdo bilateral en esta materia suscrito el año pasado y que supuso que CC.OO. y UGT abandonaran temporalmente el diálogo social. En el terreno industrial apremian las situaciones críticas que han vivido algunas grandes fábricas en los últimos meses, la más relevante la que amenaza con el cierre de La Naval.
Ese carácter de mesa de país que se ha dado al nuevo órgano de diálogo social cumple una de las demandas de CC.OO. y UGT, que siempre han pedido elevar el perfil de este tipo de negociaciones. Por su parte, Confebask ve incluida en la agenda su pretensión de implicar a la parte sindical en el mantenimiento y el progreso de las empresas. Quedan al margen ELA y LAB, que cuentan con seis de cada diez delegados en las empresas vascas, sin duda el gran borrón del proceso institucional que arrancó ayer y un hándicap en esa pretensión empresarial de asegurar la paz social en los centros de trabajo.
Ayer tanto desde Cebek como desde el Gobierno vasco se reiteró el llamamiento a la participación de los sindicatos abertzales, pero a estas alturas es evidente que son mensajes estériles. A falta de datos oficiales, todo apunta a que ELA y LAB han seguido mejorando sus números en la CAV en los meses finales de 2018 coincidiendo con la primera parte del periodo concentrado de elecciones.
Por último, las tres partes acordaron ayer, a un segundo nivel, favorecer la reactivación de la negociación colectiva o discutir las políticas públicas en materia sociolaboral.
