Bilbao. ELA ha hecho pública su "absoluta desconfianza" con el Gobierno de López y denunciado los "intentos de boicot" y el "incumplimiento" de varios departamentos respecto al controvertido acuerdo de la Mesa General de la Administración vasca -suscrito el pasado 18 de noviembre por la central dirigida por Txiki Muñoz, CC.OO. de Euskadi y UGT-Euskadi-. Si la situación no se corrige, ELA "contestará contundentemente".
En concreto, la secretaria general de la Federación de Gizalan, Izaskun Garikano, y los responsables de Enseñanza, Ertzaintza y Administración General, Xabier Irastorza, Rubén Espino y Ramón Uriarte, respectivamente, aludieron directamente "al intento de rebajar la valoración del euskera en Osakidetza o a la concesión de los seis días en la Ertzaintza", además de advertir de otros anuncios como "el planteamiento por parte del Ejecutivo de obviar las vacantes vegetativas en Educación y Osakidetza" o, también en este último Departamento, en la creación de lo que se denominan Servicios de Salud Multicanal -que pretenden dar citas, consultas, diagnósticos y recetas- que, según ELA, "va a ser un servicio compuesto por unas 190 teleoperadoras subcontratadas y alrededor de 40 propias". La central enfatiza que Osakidetza aseguró que se iban a gestionar directamente, si bien "hoy tenemos confirmación de que se va a gestionar a través de Osatek", lo que para ELA "supone un paso más en el proceso de desmantelamiento de lo público, a través de la subcontratación precaria y barata; un incumplimiento claro".
La central también censuró que "amparados en la necesidad de reducir el gasto" pretenderían eliminar vacantes de larga duración o establecer una determinada tasa de reposición por jubilaciones. Respecto a la subcontratación, el sindicato abertzale también denunció esta práctica en el mantenimiento de los ordenadores del programa Eskola 2.0 y la posibilidad de que pudiera hacerse en el pliego de condiciones para el mantenimiento de los edificios de Interior. Respecto al euskera, citó, entre otros, la reducción del programa Irale (en duración de cursos, cupos de participantes y número de profesores).
réplica El departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco respondió a las acusaciones afirmando que va a cumplir "todo lo pactado" con los sindicatos. En un comunicado, el Gobierno defendió el pacto alcanzado y afirmó que su intención es "cumplir todos los compromisos pactados con los sindicatos en los términos que figuran en el acuerdo".
La nota señala que "no habrá cambios ni al alza ni a la baja por encima o debajo de lo pactado. Simplemente hay un claro compromiso que se va a cumplir". El departamento de Justicia aclaró que tal compromiso se extiende "tanto a los aspectos económicos como a los laborales" del acuerdo. "Hay un claro compromiso en relación a salarios y empleo que el departamento cumplirá escrupulosamente según lo pactado", señaló.
