Madrid. Zapatero anunció ayer que la próxima semana presentará al resto de grupos un documento de síntesis con las medidas económicas urgentes acordadas dentro del llamado Pacto de Zurbano con el objetivo de traspasarlas a un decreto ley para su inmediata puesta en marcha. Entre ellas incluye la nueva línea de crédito blando del ICO para las pymes, reducción del IVA para la rehabilitación -que ya ha aprobado el Congreso- y fomentar el empleo, así como aquellas aportaciones que planteen los grupos.
Según defendió Zapatero tras el Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de ley de la Economía Sostenible para enviarlo al Parlamento, la norma es "coherente con el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para cambiar el modelo económico" y aumentar la competitividad, así como ofrecer "nuevas respuestas inmediatas" a la crisis. Según informó Efe citando a fuentes gubernamentales, el Ejecutivo quiere aprobarlo en el Consejo de Ministros del martes 30 de marzo, antes de Semana Santa.
Con vistas a la negociación de estas medidas con el resto de grupos, Zapatero aseguró que espera una actitud "constructiva" por parte del PP, aunque volvió a repetir que si no hay consenso, el Gobierno tomará las medidas que considere "imprescindibles". Hasta la fecha el PP ha mantenido una posición ambigüa sobre la comisión anticrisis, ya que mientras ha criticado que con ella el Ejecutivo sólo buscaba hacerse una foto para la galería, al mismo tiempo ha llevado al Congreso algunas de las medidas tratadas, como la rebaja del IVA para la rehabilitación de vivienda aprobada el pasado miércoles.
Economía Sostenible Sobre la Economía Sostenible, el Gobierno aprobó en la sesión de ayer el proyecto de ley que remitirá a la Cámara, aunque su texto no se ha publicado de momento. Con esta norma, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pretende cambiar el patrón de crecimento económico estatal en un horizonte próximo de diez años, orientándolo específicamente haci aquellos los sectores potencialmente más productivos y generadores de empleo y disminuyendo progresivamente el peso del sector constructor. Según fuentes del Ejecutivo, las medidas entrarán en vigor cuando el Parlamento dé su visto bueno, previsiblemente a mitad de año.
