El presidente del Athletic declarará en calidad de imputado por el fraude millonario de Iurbenor

BILBAO. Por primera vez en la historia, un presidente electo del Athletic, Fernando García Macua, declarará en calidad de imputado en una causa penal, la que se sigue desde el año pasado por el impago de 43 millones de euros en concepto de IVA en la operación de venta de los terrenos de Puerta de Bilbao, la que debía haber sido la mayor promoción residencial en la historia de Euskadi y cuya cancelación precipitó el derrumbe del Grupo Afer, el imperio del ladrillo levantado por el empresario Jabyer Fernández con el asesoramiento legal del propio Macua. En virtud de una providencia dictada por el titular del juzgado de instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguía Baltellas, a la que ha tenido accesoDEIA, Macua y Emilio Prieto, también directivo del Athletic, deberán prestar declaración el 30 de abril en calidad de imputados por los presuntos delitos de “apropiación indebida” y “delitos societarios” en el marco del caso Iurbenor.

El juez basa su imputación en un escrito del fiscal en el que éste, “conforme a lo establecido en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, cree fundada la “implicación de estas personas [Macua y Prieto] en la gestión mercantil, así como la prestación de servicios de asesoramiento fiscal”, a Iurbenor Promociones S.A., la sociedad que ocultó 43 millones de euros a la Hacienda vizcaina. Durante años, Macua ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en varias de las sociedades satélite que orbitaban en el universo Afer. Una de esas empresas es Iurbenor y en su consejo de administración ejerció Macua como secretario hasta que estalló el mayor escándalo inmobiliario en la historia de Bizkaia.

43 millones de iva Participada al 50% por Iurbentia (cuyo consejero delegado era Prieto, siendo Macua el secretario del consejo) y Fonorte, ambas del GrupoAfer, Iurbenor iba a construir en el barrio barakaldés de Lutxana 2.000 viviendas y a explotar más de 80.000 metros cuadrados en los antiguos terrenos de Sefanitro. Pero la crisis, la contracción del mercado inmobiliario y la pésima salud del Grupo Afer arruinaron el proyecto más ambicioso de Fernández. Éste evitó una quiebra monumental al vender, el 26 de enero de 2009, la mayor parte de los terrenos (235.000 metros cuadrados) a La Caixa y a la BBK por 359 millones de euros. 297 millones fueron destinados al pago de la deuda bancaria contraída en la compra de los terrenos; de los 62 millones restantes, 43 de ellos correspondientes al pago del IVA (y, por tanto, con destino forzoso a las arcas de la Hacienda vizcaina), hizo Fernández un uso que ahora evalúan los jueces y que entonces declaró abierta la cruenta batalla legal que libran los que fueran socios y amigos.

Al día siguiente de la venta de los terrenos, el 27 de enero, Fernández relevó a todo el consejo de administración de Iurbenor y asumió poderes como administrador único. En abril, Fernández explicaba al consejo de Iurbentia el destino de los 62 millones de euros resultantes de la compra-venta: una buena parte había sido destinada a tapar los inmensos agujeros de otras sociedades del universo Afer; del destino de un buen número de millones nunca se supo. Fernández, eso sí, reconocía públicamente su deuda de 43 millones con el fisco vizcaino y solicitaba el aplazamiento de su pago, denegado por la Diputación de Bizkaia. A finales de abril, y alertados por las explicaciones aportadas por Jabyer Fernández sobre el destino de los 62 millones de euros, García Macua, Prieto y otros cinco ex consejeros de Iurbentia presentaban ante la Ertzaintza una denuncia contra Fernández bajo la acusación de “delitos societarios” que podrían derivar en una “apropiación indebida”. Se oficializaba el divorcio y se abría una causa penal que, ironías del destino, se ha vuelto ahora contra dos de sus impulsores, Macua y Prieto, imputados por los mismos cargos que ellos atribuían a Fernández.el athletic, a salvo Dentro de las numerosas paradojas que rodean este caso, se da la circunstancia de que fue el propio Jabyer Fernández quien tuteló, apoyó y sufragó la campaña electoral que, en julio de 2007, coronó a Fernando García Macua como presidente del Athletic. Y fue el mismo Jabyer Fernández quien, durante los dos primeros ejercicios de Macua, aportó el aval que las directivas de los cuatro clubes de la Primera División estatal (Athletic, Barcelona, Real Madrid y Osasuna) deben aportar en previsión de posibles negligencias en su gestión (un aval que en la temporada actual se eleva a 5,7 millones de euros). Macua, al que asiste la presunción de inocencia, fue ayer categórico a la hora de desvincular esta imputación de su condición de presidente del Athletic.

En una serena conversación tenida con este periódico, el abogado bilbaino se declaraba tranquilo, negaba las acusaciones que recoge la providencia del juez, denunciaba su estado de “indefensión absoluta” al desconocer la naturaleza de los hechos que se le imputan, lo que le impediría preparar su defensa, descartaba dimitir como presidente del club rojiblanco y negaba que su actual situación procesal, y cualquiera que pudiera ser en el futuro, vaya a influir lo más mínimo en la estabilidad de la institución.

En el último año, las noticias negativas se han ido sucediendo en el Grupo Afer. En septiembre de 2009, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao declaraba en concurso a Iurbenor, con un pasivo de 43,4 millones, y acordaba el embargo preventivo de 20 millones de euros a su administrador social único, Jabyer Fernández. En noviembre, un juzgado de Madrid declaraba a Iurbentia en suspensión de pagos con una deuda de 30 millones de euros.

El pasado 15 de marzo, el juez Eguía atendía una petición de la Diputación de Bizkaia y, a la luz de los informes elaborados por los tres administradores concursales de Iurbenor, imputaba a Jabyer Fernández y a su hermana Susana un presunto delito de “insolvencia punible en su modalidad de concurso fraudulento”, o sea, declaración fraudulenta de quiebra. García Macua sostiene que en ese informe concursal, al que ha tenido acceso, no hay una sola línea que sostenga la acusación del fiscal y la imputación del juez.