BILBAO. Este asunto tuvo un proceso judicial anterior, conocido como "caso de las estacas", que en 2011 terminó con una condena a la anterior alcaldesa, Sorkunde Aiarza, también del PNV, a nueve años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por un delito de prevaricación.
En aquel caso, la Audiencia de Bizkaia confirmó una sentencia de un juzgado de lo Penal que consideraba que Aiarza había cometido dicho delito al ordenar retirar unas estacas que el vecino había colocado para delimitar su propiedad.
El vecino argumentó que había solicitado la concesión de una licencia para llevar a cabo esa obra y que al no obtener respuesta del Ayuntamiento "entendió que la licencia se había otorgado por silencio administrativo".
La acusación contra el actual alcalde se centraba, por el contrario, en el hecho de que había incoado un expediente de investigación para esclarecer si el terreno en el que había vuelto a colocar las estacas era privado o público.
En esta ocasión, el Juzgado ha considerado que esa actuación no supone la comisión de delito alguno, según se precisa en la nota.
