Las del miércoles y el jueves serán noches que se recuerden como unas de esas en las que los jarrilleros salieron a la calle a defender sus derechos. Fueron actos espontáneos de hastío ante las ocupaciones de vivienda, delitos ante los que, tal y como asegura Txema Ezkerra, edil de Seguridad del Ayuntamiento de Portugalete, "la ley actual no da respuesta ni en tiempo ni forma".

Estamos en plena resaca de dos noches tensas en Repelega. ¿Qué valoración hace de todo lo sucedido?

—Está todo muy reciente y debemos dejar reposar las cosas para sacar conclusiones, pero hay que tener varias ideas a tener en cuenta. La primera de ellas es que hay un hartazgo de la ciudadanía, no solo en Repelega, ante estas situaciones de injusticia social en las que se ve cómo hay personas que ven usurpada su vivienda y, además, lo hacen personas que resultan conflictivas. Todo esto hace que surjan respuestas ciudadanas espontáneas y en Portugalete ya teníamos un precedente como es el caso de Vitori, una situación muy distinta a las que hemos vivido estos días. Aquello fue un gesto de protección a una persona mayor y esto es una respuesta a que quienes habían ocupado dichas viviendas eran personas conflictivas.

En el 'caso Vitori' y en esta nueva situación, desde el Consistorio han solicitado cambios normativos que agilicen la respuesta ante las usurpaciones de vivienda.

—Sí, porque esa es otras de las ideas que deben quedar claras; Las leyes no dan respuesta ni en tiempo ni en forma a la urgencia de esta problemática social. La ciudadanía reclama una mayor rapidez ante estos casos y hay que hacer cambios legislativos para que la respuesta sea rápida. En esta situación hay dos planos porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda y quienes tienen una casa en propiedad tienen derecho a seguir manteniéndola. Una cosa no quita la otra.

La situación es delicada porque ante la lentitud de estos procesos, la ciudadanía está actuando de forma espontánea y hastiada.

—Es otro aspecto muy delicado de esta problemática. Porque por mucho que estas situaciones sean injustas, que lo son, no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano porque nunca sabes qué consecuencias pueden tener esos hechos. En ese aspecto, como Ayuntamiento y como área de Seguridad, tenemos el deber de garantizar la seguridad de todas las personas, tanto la de quienes se concentran como la de quienes están dentro de la vivienda. Las concentraciones han de ser pacíficas y no debemos caer en coacciones, no debemos caer en esa trampa porque puede llegar a darse el caso de que el objetivo sea equivocado y, entonces, la injusticia sea doble. Y sé que no es un mensaje muy popular ahora mismo, pero las instituciones tenemos la obligación de transmitirlo. Hay que primar un cambio normativo legal para acabar con este tipo de situaciones y, mientras este cambio llega, todo lo que se haga ha de ser pacífico. En el caso de estas dos últimas concentraciones, no debemos olvidar que se han hecho en plena emergencia sanitaria con todo lo que eso puede conllevar.

¿Sintió inseguridad o recelo por cuestiones sanitarias tanto en la concentración de Federico Martínez como la de la calle Arantza?

—Sentí una preocupación lógica. Porque en un momento comprensible y lógico de enfado es más fácil olvidar cuestiones como la distancia de seguridad o es más fácil que haya un descuido. Es cierto que la inmensa mayoría de las personas cumplieron y fueron con mascarillas, algo que hay que poner en aún más valor en momentos tensos y de enfado como los que se han vivido. No tenemos ningún tipo de reproche hacia la actuación de los vecinos, pero sí hay que recordar que es importante aún garantizar los mínimos de seguridad sanitaria.

Uno de los dos pisos que habían sido ocupados era propiedad de una entidad bancaria.

—Aunque parezca paradójico, en ocasiones, el hecho de que esos pisos sean propiedad de bancos dificulta la situación porque la relación es más compleja aún porque no te relacionas directamente con el propietario y la respuesta es más tardía. En estos casos, a las entidades hay que pedirles más responsabilidad, un mayor control sobre las viviendas que son de su propiedad y actuaciones rápidas para evitar este tipo de situaciones.

¿Qué otro aspecto le preocupa de esta problemática más allá de cuestiones de seguridad?

—Me preocupa que se pueda llegar a generalizar, a estigmatizar a colectivos. Sería tremendamente injusto y muy preocupante, porque esos clichés no se sostienen con los datos. No hay que señalar orígenes ni grupos, hay que detenerse en que unas personas están cometiendo un delito.

"Sentí preocupación porque las concentraciones se dieron en plena emergencia sanitaria, aunque la mayoría cumplió las medidas"